El gobierno mexiquense prevé que los Tribunales Laborales y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México entrarán en funciones a más tardar el 30 de septiembre del 2020, por lo cual busca preverlos recursos necesarios para que puedan operar desde el siguiente año.
El Ejecutivo mexiquense envió tres iniciativas de ley a la Legislatura: dos de ellas para armonizar las normas estatales a la federal, a fin de prever los trabajos que realizará la Guardia Nacional, al incluir en la Constitución que la seguridad pública es una función no solo a cargo de las autoridades locales, sino también de la Federación.
La tercera son los ajustes para iniciarla reforma del Sistema de Justicia Laboral en el Estado de México, la hora que el Poder Judicial absorberá esa materia y prevé la creación de un Centro de Conciliación Laboral, encargado de resolver los conflictos, antes de que intervengan los TribunalesLaborales del Poder Judicial.
Estará sectorizado a la Secretaría del Trabajo, pero tendrá autonomía administrativa, técnica, económica y financiera para el ejercicio de sus atribuciones.
La reforma laboral prevé que habrá jueces y secretarios en materia laboral, desaparecen las Juntas de Conciliación y ahora los asuntos se turnarán al centro de conciliación y a los tribunales laborales.
La Secretaría de Finanzas incluirá en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, los recursos que sean necesarios para la creación, operación e inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado deMéxico.
El Poder Judicial del Estado de México también deberá incluir en su proyecto de presupuesto del 2020 los recursos necesarios para la creación, operación e inicio defunciones de los tribunales laborales.
Reformas en materia de seguridad
La reforma constitucional busca modificar el primer párrafo del artículo 86 bis para señalar que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia. El cambio es que se incluye a la Federación, ya que la carta magna solo contemplaba a los gobiernos locales.
La segunda implica reformas a la Ley de Seguridad del Estado de México y busca que las instituciones de seguridad cuenten con las bases jurídicas para dar certeza a la sociedad y sentar las bases que regirán a la carrera policial al señalar que es un sistema de carácter obligatorio y permanente que se regirá por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y a la perspectiva de género.
