Por mayoría de votos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el gobierno del Estado de México contra los resultados del Censo de población 2020 que le disminuyeron su población en más de un millón de habitantes.
Aún cuando el año pasado la controversia fue admitida por uno de los ministros, este miércoles tres integrantes de esa sala revocaron el acuerdo.
La principal consecuencia es que el territorio mexiquense recibirá menos recursos porque uno de los factores para calcular las participaciones federales es el número de habitantes por entidad federativa.
La Segunda Sala determinó que fue fundado el recurso de reclamación presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en contra de la admisión de la controversia 78/2021, hecha el nueve de julio del año anterior; por lo cual revocó el acuerdo mediante el cual se había aceptado.
El año pasado el Gobierno del Estado de México promovió una controversia contra la decisión de la Secretaría de Hacienda de utilizar el Censo 2020 del INEGI para calcular la entrega de participaciones federales, pues en él le cuentan un millón de habitantes menos y sus participaciones le disminuyeron en más de 4 mil 300 millones de pesos.
Con los datos tomados por Hacienda la entidad tendría más de 17 millones de habitantes para la estimación de las participaciones, prácticamente un millón menos de los más de 18 millones que se venían contemplando para calcular cuánto le correspondería al territorio mexiquense del Fondo General de Participaciones.
El Estado de México impugnó la elaboración, aprobación, publicación, resultados y omisiones en que incurrieron el Censo y el Marco de Muestreo de Viviendas, en lo relacionado al conteo poblacional para la entidad mexiquense.
En noviembre, el gobernador Alfredo del Mazo Maza refirió que con el Censo 2020 el país disminuyó su población en un millón 200 mil personas, y de esas, un millón 100 mil se le descontaron solo a la entidad mexiquense, con lo cual bajaron sus participaciones federales.
En una rápida sesión este miércoles la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia por tres votos a favor y dos en contra determinó no admitir la controversia impulsada por las autoridades mexiquenses.
El INEGI reclamó que ese recurso fue promovido de manera extemporánea, mientras el proyecto del ministro ponente señala que aún cuando las autoridades del Estado de México podían apelar los estudios de ese instituto conforme a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, no lo hicieron.
