Por primera vez en las últimas Legislaturas mexiquenses, los diputados locales rechazaron una iniciativa del Ejecutivo mexiquense; la propuesta buscaba que los ayuntamientos pudieran contratar créditos hasta por 1, 373 millones de pesos.
De acuerdo con los legisladores locales no hubo interés de los ayuntamientos para contratar financiamientos y crear un fideicomiso de pago que se cubriría con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
Tradicionalmente los Congresos locales aprobaban las propuestas del Ejecutivo, pues esas iniciativas eran prioridad; sin embargo esta vez por mayoría de votos los legisladores locales votaron en contra, incluido el PRI.
Solo cuatro legisladores de Morena rechazaron la desaprobación: Elba Aldana, Elizabeth Millán, Alicia Mercado y Gabriel Gutiérrez Cureño, al considerar que los ayuntamientos requieren recursos.
Desde la primera quincena de agosto, el Ejecutivo propuso a la Legislatura local que los municipios pudieran gestionar créditos por un monto máximo general de 1, 373 millones con la obligación de pagarlos en este trienio. El cobro iba a ser automático, pues se descontaría de sus aportaciones del FAISM.
No obstante, los diputados afirmaron que los municipios no mostraron interés, el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández lo aclaró en entrevista y explicó que se podría volver a plantear en otro periodo.
“El de municipios salió desaprobatorio y así se va a presentar porque no se cubrió con algo fundamental: que se haya manifestado tener interés de algún municipio por hacer uso de ese recurso. Se deja abierto este mismo tema y se puede reincorporar para ser tratado en el siguiente periodo”, explicó.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal los municipios solo requieren autorización del Congreso local para contratar créditos cuando los plazos de amortización rebasen el término de la gestión municipal.
Sin embargo la propuesta del Ejecutivo era que el monto solicitado se cubriera en las actuales administraciones, cuando los ayuntamientos pueden adquirir compromisos a corto plazo, sin el aval de los diputados.