Para reformar al Poder Judicial no es requisito indispensable incrementar los recursos presupuestos sino optimizarlos y una manera es reasignando jueces de aquellos distritos con menos actividad a los juzgados donde la demanda es mayor, aseguró Enrique Liceaga Yamín, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México.
Reconoció como justa la demanda social para hacer más expedita y eficaz la impartición de justicia, por lo que dijo, se debe contemplar aumentar la asignación de jueces a los juzgados con mayor densidad poblacional que realizan hasta 15 audiencias diarias, mientras que otros casi no realizan ninguna.
Subrayó que en el Estado de México se cuenta con apenas 2.5 jueces por cada 100 mil habitantes, lo cual representa el déficit más grande a nivel nacional, por lo que recomendó a los legisladores acercarse a los académicos y a la abogacía organizada en la entidad.
Liceaga Yamín dijo que los abogados constituyen algo así como la contraparte del Poder Judicial, pues constituyen el mecanismo para que la aplicación de justicia llegue a los justiciables y son quienes más conocen las dificultades que se presentan en el quehacer diario.
Aceptó la necesidad de contar con un servicio público de carrera, pero aclaró que falta transparencia en la designación de jueces y magistrados, lo cual se puede corregir abriendo las convocatorias a todos los abogados, pues si se tienen reglas claras para la selección sólo pasarán quienes reúnan los conocimientos, la capacidad y la experiencia para ocupar el cargo y garantizar una justicia pronta y expedita a los justiciables.
“Las convocatorias cerradas han sido motivo de perspicacia porque no son procesos abiertos a los mejores perfiles pero cuando los nombramientos se hacen directamente, ya sea del Poder Ejecutivo o del Judicial, han sido experiencias malísimas".
“Creemos en la autonomía del poderes, la división autonomía de esos poderes, pero también en el equilibrio de poderes, por eso no debemos dejar que uno sólo se despache podemos caer en abusos de autoridad, pero para que eso no pase sólo necesitamos reglas claras y hasta supervisión de los legisladores, pero no ingerencia en los procesos porque es más peligrosos que hagan nombramientos con base en sus intereses, pues eso nos llevaría a una justicia politizada que a quien menos favorecería es la justiciable, al ciudadano”, insistió.
