Al menos cinco magistrados serán designados para integrar la Sala de Asuntos Indígenas, que tiene como objetivo fortalecer el cuerpo de peritos intérpretes y traductores en lenguas indígenas que intervienen en juicios, mismos que estarán capacitados en lenguas Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlazinca.
De acuerdo con el presidente del Consejo de la Judicatura mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, serán 52 los peritos especializados de dicha sala, quienes estarán obligados a conocer las etnias asentadas en la entidad, sus usos y costumbres y para ello, se impulsará un programa de Formación y Becas para que jóvenes de pueblos originarios que estudien derecho o una carrera afin, puedan fungir como peritos traductores.
Se está perdiendo la lengua Otomí en Temoaya
“Esa es la meta de este nuevo proyecto del Poder Judicial, que conozcan los usos, costumbres y tradiciones para poder impartir justicia más adecuadamente, la Sala va a tener 5 integrantes y van a ser dedignados por el Consejo de la Judicatura”, explicó el titular del Poder Judicial del Estado de México.
En el marco del conversatorio Alianzas para la Construcción del Primer Protocolo sobre Justicia Ambiental, realizado en la Escuela Judicial, Ricardo Sodi expresó que la primera encomienda de la Sala de Asuntos Indígenas será la creación de un protocolo para juzgar a partir del interculturalismo judicial.
“Siempre hemos procurado en el Poder Judicial del Estado de México respetar los derechos humanos de los justiciables, y si son miembros o se autoadscriben a una etnia específica se les proporciona traductor, rezago no hay en esa materia”, precisó.
Cabe destacar que los magistrados que conformen la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial mexiquense tendrán conocimiento de los recursos ordinarios en contra de resoluciones judiciales, en donde una de las partes se asuma como integrante un grupo o pueblo originario.
Además deberán conocer y resolver las causas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas que se susciten por incumplimiento de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (Codhem).
Se espera que este mes sea publicado el decreto de la creación de la Sala de Asuntos Indígenas en la Gaceta de Gobierno estatal, con lo cual quedarían asentadas las bases para dar garantía de justicia a los pueblos indígenas mexiquenses.
Impulsará PJEdomex Protocolo de Justicia Ambiental
Pese a que se cuenta con tres tipos penales que consideran la protección y justicia ambiental, se requiere un protocolo que contribuya, entre otras cosas, en la capacitación de jueces, peritos, ministerios públicos y policías del área preventiva, quienes deberán impulsar la justicia ambiental.
Lo anterior fue expuesto por el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, durante el conversatorio "Alianzas para la Construcción del Primer Protocolo sobre Justicia Ambiental", realizado en la Escuela Judicial.
Entre los principales objetivos de este protocolo destacan el impulsar en perspectiva local estrategias que permitan una protección real al medio ambiente, acciones que deberían ser replicadas en la agenda nacional.
En este sentido, se desarrollarán manuales de capacitación de Jueces, Peritos, Ministerios Públicos y policía preventiva, quienes serán los encargados de aplicar los protocolos en materia de justicia ambiental.
Aunado a que la recientemente aprobada Ley Orgánica del Poder Judicial impulsa la capacitación y especialización de los jueces y juezas del Poder Judicial mexiquense, lo que repercutirá en la tutela ambiental.
“Los jueces del Estado de México van a poder fijar precedentes obligatorios y un esquema de construcción de jurisprudencia mucho más ágil, espero que los jueces especializados y posteriormente las salas que revisan sus resoluciones, puedan resolver en clave de tutela ambiental y con base en un modelo de respeto a la legalidad y formación de especialistas en la materia”, precisó Ricardo Sodi.
Acabar con la impunidad
Héctor Herrera, presidente de la barra mexicana Colegio de Abogados, sostuvo que la construcción del Primer Protocolo sobre Justicia Ambiental tiene que ir encaminado a acabar con la impunidad de los delitos cometidos contra el medio ambiente, sin embargo, se requiere identificar las competencias de cada uno de los órdenes de gobierno, para así construir los marcos jurídicos acorde a ello.
Precisó que, si bien la Constitución está basada en un régimen de facultades en materia ambiental entre la federación, los estados y municipios, hace falta fortalecer este marco jurídico, a fin de sancionar con todo el peso de la ley a quien o quienes cometan delitos en agravio del ecosistema.
“Consideramos se tendría que plantear la realización de uno o varios protocolos a nivel federal, uno por lo menos para cada una de las 32 entidades federativas del país y uno para cada uno de los 2 mil 471 municipios y las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”, expresó el abogado.
En este sentido, el litigante expresó que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de impulsar la protección al medio ambiente a través de sus secretarías, específicamente las relacionadas con el ambiente.
Héctor Herrera explicó que, aún cuando la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la responsabilidad de perseguir los delitos cometidos contra el medio ambiente y la gestión ambiental, no cuentan con protocolos de actuación que sirvan de guía para autoridades ambientales, persona física o moral, para orientar sobre las particularidades, principios y estándares que se deben observar, las leyes aplicables e instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos.
El abogado expresó que a la fecha no existen protocolos de actuación para juzgar con perspectiva de justicia ambiental, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe adoptarlo, mientras que el Congreso de la Unión deberá adoptar un protocolo de actuación legislativa con perspectiva de justicia ambiental.
“En el ámbito penal, consideramos que la Fiscalía general de la República necesita mayor apoyo para la elaboración de un protocolo de actuación con perspectiva de justicia ambiental, considerando los altos niveles de impunidad y por ello, la Barra Mexicana pone a su disposición abogados especialistas en derecho penal y derecho ambiental, para hacer equipo”, precisó.
