El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) informó que han logrado, por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, 45 resoluciones administrativas, de las cuales 17 fueron sanciones a servidores, desde inhabilitaciones de 10 a 20 años, suspensiones, destituciones y sanciones económicas.
La auditora superior del Estado de México, Miroslava Carrillo, compareció este jueves ante la comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para dar cuenta de los informes de las Cuentas Públicas 2020, donde enfatizó que no hay sesgos en el trabajo de ese ente y defendió el trabajo de las y los auditores.
Añadió que trabajan en sacar adelante el rezago que les heredaron y llamó a considerar el nepotismo en la legislación estatal, pues en estos momentos no existe; así como a dar autonomía a los contralores municipales para que realicen investigaciones.
Cuestionamientos
Diputados del PRI cuestionaron por qué el OSFEM auditó dos años continuos los programas sociales, la justificación legal para algunas revisiones, cómo definieron el plan anual de auditorías, la falta de reglas para definir a quienes fiscalizar, a fin de que no sean arbitrarias.
La auditora superior del estado de México Miroslava Carrillo Martínez explicó que primero definieron el número de entes fiscalizables que suman unos 400 mil millones de pesos, entre estatales y municipales, revisaron factores como cambios en los gobiernos, pues en algunos hubo ajustes de hasta 17 funcionarios y el hecho de que en años algunos no habían sido auditados y decidieron.
Guillermo Zamacona del PRI cuestionó sobre presuntas irregularidades con un importe mayor al de la muestra, el hecho de que se señalara documentación presuntamente falsa sin un peritaje previo y advirtió que los criterios de las auditorías deben ser solamente técnicos.
Carrillo respondió que buscan elevar la calidad de las auditorías, pues anteriormente solo se analizaba el capítulo mil, mencionó que señalan aparente información falsa porque cada entidad tiene sus méritos, pues algunas entidades a veces niegan información, por lo cual pueden dar vista para que se investiguen.
También le cuestionaron sobre las observaciones al Centro de Control de Confianza, la coordinación con la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función y con la Contraloría estatal, el porcentaje solventado en el 2019, a lo cual la auditora señaló que las auditorías fueron a los entes, no a personas y sostuvo que las instituciones tuvieron conocimiento de las solicitudes de información, pero aún tienen la oportunidad de solventar y aclarar.
En cuanto al 2019 dijo que hay auditorías que siguen abiertas y las entidades deben demostrar con documentos el uso de recursos, pero no todo lo que se justifica se comprueba. Pidió no poner en tela de juicio el trabajo de las auditorías, esperar a que se desahogue la solventación y refirió que aún están litigando asuntos del 2012. También refirió que hay un entendimiento perfecto con la ASF.
Azucena Cisneros de Morena cuestionó el crecimiento del endeudamiento del Gobierno estatal, los pagos por ADEFAS, y el auditor Jaime Perdigón explicó que 4 mil 952 millones de pesos se destinaron a varios créditos, pero no se desagregaron los proyectos de inversión, es decir, las autoridades no detallaron las obras en las cuales se invirtió la deuda.
Daniel Sibaja de Morena cuestionó sobre las observaciones al programa Salario Rosa, pues este año casi se duplicó el monto observado y posibles responsabilidades, a lo cual la auditora respondió que el OSFEM solo conoce de faltas graves y Jaime Perdigón explicó que ellos mencionan el probable daño o perjuicio, pero son presuntas observaciones, donde las entidades pueden presentar documentos para aclararlas.
Iván Esquer del PRI preguntó sobre las recuperaciones de recursos y la decisión de auditar en dos cuentas públicas el salario rosa y la auditora señaló que está abatiendo un rezago importante y recuperan recursos a las arcas municipales, pues aun cuando actualmente no se hace, anteriormente sí y se trata de asuntos de años pasados. Explicó que auditaron esos programas porque antes no se había hecho.
Respecto a la Fiscalía General de Justicia los auditores señalaron que aun cuando es un órgano autónomo los recursos son manejados por la Secretaría de Finanzas, por lo cual pidieron que ese ente asuma su responsabilidad.
La auditora superior también comentó que los contralores municipales deben tener el valor de actuar porque a veces en 15 días cierran investigaciones, algo que parece imposible, por lo cual han insistido en que investiguen y advirtió la necesidad de romper el vínculo de contralores con las y los alcaldes.
Los auditores también señalaron que una recomendación a la Legislatura es que cuente con su propio RFC, pues utiliza el del Gobierno estatal.
