El reto de crear el Sistema Municipal Anticorrupción empieza desde las discrepancias en los ordenamientos jurídicos por falta de armonización de las leyes secundarias, además de no contar con una plataforma digital que pueda conectar a los 125 ayuntamientos con los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, señaló la contralora interna de Calimaya, Lucía Eunice Torres Guerrero.
Al dictar la conferencia "El reto de crear el Sistema Municipal Anticorrupción”, subrayó que en muy pocos años México pasó de entre el 125 y el lugar número 96 de América en materia de corrupción a ocupar el 6° lugar, lo cual quita certeza a las instituciones políticas y administrativas, no daba certeza jurídica, ni había transparencia en los recursos, por lo que el Congreso de la Unión impulsó la reforma constitucional para combatir esa corrupción.
Recordó que de ahí partieron las reformas estatales y la creación de los sistemas municipales, los cuales requieren un trabajo coordinado en los ayuntamientos y reformas a sus ordenamientos jurídicos como el bando municipal, pero en la práctica -dijo- entendimos que para darle vida se requiere una reestructura orgánica, programática y presupuestal para contar con una autoridad investigadora, otra sustanciadora y otra resolutora, pues antes las contralorías en municipios pequeños sólo contaban con un abogado y una secretaria.
Resaltó que en municipios no hay gente con el perfil de académicos o expertos en rendición de cuentas y precisó que Calimaya tuvo que expedir dos convocatorias e invitar a las instituciones educativas a participar e invitar, sin distinción de colores partidistas, a extesoreros y excontralores para darle certeza, cumplimiento y vida a la reforma.
Eunice Torres dijo que hay una imprecisión en la ley al referir que los cargos en los comités son honorarios y no honoríficos, además, refiere que el comité coordinador será integrado por un miembro del comité de participación ciudadano, otro por el titular de la Unidad de Transparencia y el contralor interno, pero no describe qué funciones le corresponden a cada uno, lo que implica un proceso legislativo en el municipio para determinar quién tiene voz, quien tiene voto o cómo se van a establecer las políticas anticorrupción.
“La ley nos habla de una plataforma para estar conectados para ver el conflicto de interés con las empresas, las que han sido objetadas, los antecedentes del servidor público, la cual deberá ser creada por cada entidad y el Estado de México, como otras entidades, no tiene conformada la plataforma, sólo Querétaro está en vías de implementar su plataforma”, aseveró.
Externó que el hacer uso de los sistemas informáticos de la Secretaría de la Contraloría -como lo ha propuesto el titular de la dependencia- no es darle cumplimiento a la reforma porque se estarían ocupando los mismos sistemas de hace años y no se estaría innovando en el tema de la corrupción en donde se supone tener conexión con los sistemas Nacional, Estatal y Municipales.
Por su parte, el contralor del poder Legislativo, Víctorino Barrios Dávalos, recordó que el Sistema de Atención Mexiquense (SAIMEX) fue creado para dar información, pero la plataforma para el sistema anticorrupción es diferente, para que las sanciones que impone una contraloría municipal pueda ser conocida por sus homólogas para conocerla, como en el caso de un servidor público sancionado por un acto de corrupción, a fin de no ser contratado por otro ayuntamiento.
Indicó que esa plataforma debe contener información sobre contrataciones públicas, servidores públicos que están en las contrataciones públicas, el conflicto de interés, entre otros temas relacionados con la corrupción, por lo que opinó que la plataforma digital para temas de corrupción debe ser otra, independiente del SAIMEX, pues debe tener seis áreas diferentes muy específicas.
