El Estado de México se ha caracterizado desde hace muchos años por ser un enclave autoritario, con baja participación ciudadana y un alto nivel de corrupción. Decirlo así con todas sus letras es necesario para poder hacer un diagnóstico preciso, identificar las causas que originan los males para poder identificar áreas de oportunidad y mejora. A pesar de que ha habido avances en muchos sentidos, y en muchos partidos políticos y gobiernos se encuentran buenas prácticas, también es cierto que los problemas suelen ser estructurales y en ese sentido es importante plantear los cambios necesarios.
Soy de los que piensan que, para cerrar el paso a la corrupción, por ejemplo, hace falta mucho involucramiento de la sociedad. Que todas y todos exijamos que las personas servidoras públicas por lo menos cumplan lo que prometen, y que tengamos las herramientas para poder medir el desempeño de los gobiernos de manera transparente y democrática. Pero que también nos involucremos de manera corresponsable con las soluciones.
La participación ciudadana, o su ausencia reflejada en desafección cívica, y la arbitrariedad de las autoridades suelen ser dos caras de la misma moneda. Existe mayor riesgo de corrupción en entornos opacos y sin poca vigilancia de la sociedad, y al mismo tiempo en los gobiernos más corruptos son los que cuentan con menores mecanismos de participación ciudadana y cuando existen estos son cooptados, manipulados o simulados.
De acuerdo con el Estudio de Calidad de la Ciudadanía publicada en 2019 por el Instituto Electoral del Estado de México, nuestra entidad podría clasificarse como un enclave autoritario por el hecho de que no se cumplen condiciones mínimas de la democracia: elecciones libres, amplia protección de libertades civiles y razonable igualdad de condiciones de competencia, entre otros aspectos (IEEM, 2019).
En el Estado de México no hemos tenido una alternancia en el poder estatal desde que tenemos un modelo de partidos competitivo. Incluso antes de la pandemia ya teníamos una emergencia por el número de feminicidios, alta violencia hacia las mujeres y una gran impunidad en todos los delitos cometidos en contra la población. Tampoco contamos con una Ley de Participación Ciudadana que reconozca este derecho y habilite condiciones para el desarrollo de una cultura cívica.
La Participación Ciudadana es ante todo un derecho humano que debe garantizarse y protegerse por el Estado, porque no podemos pedirle a la ciudadanía que participe si no cuenta con seguridad, empleo o salud. Tampoco se trata de un derecho que sólo pueda activarse por mandato presidencial, o como herramienta de confrontación entre las élites.
Todas estas son condiciones que tenemos por delante para que en un futuro próximo podamos transformar la apatía en una ciudadanía activa, y contar con gobiernos más transparentes y responsables. El debate debe darse en una arena política con mucho diálogo y debate, teniendo en cuenta que cambiar el estado de las cosas implica afectar intereses, pero también sabiendo que el cambio ya es inevitable.
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Daniel Rosemberg Cervantes Pérez
Coordinador General
Innovación Cívica, A.C.
