Abatir el feminicidio con sencillo y trascendente paso de los diputados
Herida, indignada y cansada, tras escuchar al agente del Ministerio Público quien, lejos de compadecerse de ella e iniciar la investigación para dilucidar por qué la mujer presentaba tan serias heridas, no hizo sino desanimarla a denunciar. Lejos de eso le sugirió que no hiciera enojar a su pareja y que, dado que su denuncia no merecería acción alguna de la autoridad, mejor regresara a casa. Amedrentada por quien debería cuidarla, volvió a casa temerosa. Horas más tarde, nueva llamada de auxilio de los vecinos alertó a las autoridades de que se había desatado nuevamente la pelea entre los cónyuges. Al arribar la policía, cuando los robustos oficiales abrieron la puerta, cayó inerte el cuerpo de la mujer con el cráneo partido en dos por un machete. Anécdota, no historia, la anterior experiencia es desgraciadamente frecuente en cualquier población del país.
Episodios como el anterior evidencian muchos de los problemas que padecemos, verdaderas patologías sociales que, como toda pandemia, puede y debe ser prevenida. Primero, la subvaloración de la mujer que prevalece en la cultura mexicana, dramática, vulgar y peligrosamente reproducida por todos los medios de comunicación masiva que usamos redes sociales incluidas.
Es evidente también la ausencia de una acción pública de prevención de toda forma de violencia, en particular por la carencia total de una policía de proximidad.
Salta a la vista también un error garrafal relativamente fácil de corregir por parte de las autoridades que consiste en evitar que sea el Ministerio Público la única autoridad facultada por la Ley para recibir denuncias de delitos y, como tal, que sea el que conduzca las investigaciones.
En este punto cabe precisar que en el país hay apenas 9 mil ministerios públicos que en teoría deberían atender 33.6 millones de delitos que se comenten al año, de acuerdo con las cifras más confiables.
Y qué decir de las autoridades responsables de la procuración de justicia que en casos como el comentado arriba, no sólo son incapaces de investigar, sino que cada día evaden su obligación de hacerlo, argumentando con descaro su inhumana carga de trabajo, pero se niegan a cambiar esa condición, pues también se trata de un coto de poder para ellos, incluso una fuente de recursos por vía de la corrupción.
Como se observa, en cada ejemplo de ineficacia de las autoridades, afloran las múltiples carencias y necesidades que tenemos pero, dada su sencillez y relevancia, es preciso subrayar la necesidad de reformar el artículo 21 de la Constitución Política Mexicana para que en lugar de los ministerios públicos -hoy fiscales autónomos muchos de ellos- sean los policías, -subrayadamente los municipales- de los cuales contamos con medio millón de efectivos, quienes reciban más denuncias y realicen las investigaciones, como ocurre en casi todo el mundo, y que dichos elementos, en funciones de proximidad, atiendan oportunamente los problemas que surgen de la convivencia cotidiana, evitando que escalen y atenuando la violencia, en especial la que ahora se ensaña con las mujeres y atenta contra su vida. Trabajando con estrategia, los diputados bien podrían reformar la Constitución, mejorar el tipo penal de feminicidio e impulsar la capacitación cualitativa del más importante de los cuerpos policíacos: el municipal. Cuidar de las mujeres es asegurar nuestro futuro.
@HuicocheaAlanis
