Para mejorar la seguridad, alcanzar la justicia y lograr la paz, es preciso aplicar criterios y métodos de administración púbica, a las tareas que realizan las instituciones, como la policía estatal, las municipales y la fiscalía, incluso, en su momento, el Poder Judicial. Eso significa, realizar evaluaciones, generar evidencias, formular y aplicar acciones transformadoras, mejorar y estandarizar procesos, documentarlos, hacerlos públicos y, para cerrar el ciclo, volver a medir el desempeño gubernamental, evaluar y mejorar, en una espiral ascendente que nos lleve a la mejora continua, hasta superar las profundas brechas de desconfianza entre la policía y la ciudadanía.
Siguiendo esa lógica, la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México ha dado un paso adelante, y puesto el ejemplo, al ser la primera en su tipo en el país en someterse a un proceso de Certificación Policial Ciudadana (CERTIPOL), diseñado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), y acompañada por el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios, el IAPEM.
El objetivo principal del CERTIPOL consiste en desarrollar y mantener estándares que apoyan y elevan las mejores prácticas tanto de la institución como de las y los agentes en lo individual. Se trata de un mecanismo de revisión por parte de especialistas externos a la policía, acompañado de grupos de ciudadanos que puede derivar en un reconocimiento formal, expresado en la forma de un certificado. CERTIPOL establece criterios nacionales para una aplicación de la ley de forma efectiva, eficaz, respetuosa y profesional. La Certificación Policial Ciudadana es una iniciativa técnica, no partidista, profesional para apoyar en la urgente reconciliación de nuestra policía con las comunidades.
El proceso consistió de un acompañamiento técnico por parte de un equipo especializado de INSYDE a un equipo formado por las diferentes áreas de la estructura orgánica de la Secretaría, a partir de una Revisión Inicial donde el equipo técnico de INSYDE lleva a cabo una primera examinación de la institución policial para conocer su estructura orgánica, organización y funcionamiento operativo, identificar la situación de la policía respecto del cumplimiento de los estándares que le aplican. Se realiza un diagnóstico y se informa sobre las condiciones de la policía antes de iniciar el proceso. Éste consiste en un trabajo detallado para poner a punto cada criterio analizado y tratar de llevarlo a un nivel aceptable de calidad y rendimiento. Durante el mismo, se llevan a cabo informes periódicos de avances en el cumplimiento de los 56 estándares, agrupados en seis rubros: Reclutamiento y selección, Organización y desarrollo profesional, Responsabilidad social, Actuación profesional, Infraestructura y equipo, Prevención del delito, y Vialidad y Tránsito.
Por primera vez, se elaboró una decena de protocolos de actuación de los policías ante diversas situaciones de su trabajo, y estos protocolos ya son públicos, de modo que toda persona puede conocer qué hace y cómo debe proceder una persona policía en el desempeño de sus tareas. Con estos materiales se ha capacitado y se continuará haciéndolo a los casi 30 mil elementos de la policía estatal mexiquense. Se trata, a todas luces, de un mérito del gobierno que lidera Alfredo Del Mazo y de una acción responsable y audaz de su Secretario de Seguridad.
Indispensable, aunque insuficiente, esta certificación es un paso en la dirección correcta: la del enfoque de administración pública, basada en evidencia y orientada a resultados, que se necesita. De la mano de la reforma para una policía que investigue con autonomía, complementada con la justicia cívica en el ámbito municipal, forman el esquema que nos permitirá recuperar plenamente la seguridad, la justicia y la paz.
@HuicocheaAlanis
