Quizá sin proponérselo los diputados locales le acaban de ofrecer una buena oportunidad al gobernador del Estado de México para mostrarse firme y fuerte ante el tamaño del desafío que está enfrentando en lo tocante a la seguridad pública estatal. La semana pasada, a iniciativa de los morenistas, todos los diputados locales, incluidos los priistas, exhortaron al Ejecutivo local a “informar a esta legislatura sobre los resultados de la estrategia actual para atender la violencia y la inseguridad en el Estado de México”.
Habiendo sido aprobado hace prácticamente un año y medio el “Programa Sectorial, Pilar Seguridad 2017-2023”, que fue el planteamiento estratégico del gobierno actual ante el fenómeno de la criminalidad, ha sido claramente superado por dos razones: la primera porque de acuerdo con todos los indicadores nacionales e internacionales, el fenómeno no ha parado de crecer en todo el país, arrastrando, naturalmente, a la entidad; y en segundo lugar porque hace 9 meses hubo cambio de gobierno en el ámbito federal, y apenas hace unas semanas el presidente de la República planteó un Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica, el cual mereció el respaldo unánime de todos los gobernadores, legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad.
Este documento plantea, valga la redundancia, un nuevo modelo de cuerpos de seguridad nacionales, estatales y municipales, en otras palabras plantea la necesidad de redimensionar las responsabilidades, atribuciones, funciones y tareas para la policía estatal y las policías municipales. Esto significa que abre la posibilidad de que por primera vez en la historia nacional alguien se atreva a establecer clara y diferenciadamente qué le corresponde hacer a la hoy llamada Guardia Nacional, qué le toca a la policía estatal –separando y precisando qué le corresponde a la policía ministerial, suponiendo que debiera seguir existiendo- y qué deben hacer las policías municipales.
Lo anterior es relevante porque por absurdo que le parezca al amable lector de estas líneas, actualmente la ley dice que todas esas policías hacen lo mismo y, no tenga duda, esa es la principal razón por la que parece que ninguna policía hace nada.
Ante el llamado a cuentas de los diputados locales, el gobernador Alfredo del Mazo tiene la gran oportunidad de tomarle la palabra al presidente de la República, plantear la gran reforma constitucional y legal que el país necesita para empezar a cambiar, poner al Estado de México como ejemplo de orden y coherencia en materia de seguridad, delimitar las tareas de la Secretaría de Seguridad, terminar de una vez por dar autonomía plena y precisión en las tareas de la Fiscalía de Justicia del Estado, y propiciar la modernización y profesionalismo de las policías municipales.
@HuicocheaAlanis
