Nuestra vida democrática está en peligro; no sólo porque hace unos días avanzó en el Poder Legislativo Federal la aprobación de la “presunción de culpabilidad” en franca violación de nuestros Derechos Humanos, y porque observamos en estos días, el uso político de la justicia, sino que ayer, en el Foro “Desafíos de la Justicia Mexicana”, celebrado en el Senado de la República, nuevos nubarrones se dejaron ver, en voces de diversos representantes populares y servidores públicos que se pronunciaron mayoritariamente a favor de medidas regresivas y retardatarias que en su conjunto parecen intentar someter la procuración de justicia y al poder judicial en su conjunto a los intereses políticos del titular del Poder Ejecutivo en turno. En una palabra: preocúpate, se avecinan decisiones legislativas y gubernamentales lesivas y francamente antidemocráticas.
Reunidos los legisladores con titulares de la Fiscalía General de la República, así como organismos autónomos responsables de importantes tareas vinculadas a la seguridad, la prevención y la justicia, esbozaron, sin presentar nada concretamente, algunas medidas para aprovechar las tecnologías de la información y comunicación, fortalecer la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia, dotar de más recursos a los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México, y otras propuestas también importantes que denominaron: “una reforma hecha para y con el Poder Judicial Federal”.
Lo preocupante llegó al momento en el que alguien planteó la propuesta de reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para ampliar la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y “poner fin a la puerta giratoria.”
Por supuesto que es urgente impedir que los pocos delincuentes que llegan a ser aprehendidos, salgan libres. Todos vemos con desilusión y coraje cuando un criminal sale de prisión sin haber purgado una pena. El diagnostico es correcto: hay que llevar a todos los delincuentes ante los jueces, pero la solución propuesta, encarcelar a todos los detenidos, no es lo acertado. Lo que resulta peor: la mayoría de los criminales no son detenidos -pues las policías no hacen investigaciones que les permitan asegurar quién es culpable-, y por si eso no fuera poco: casi todos los detenidos no lo son, porque los policías, presionados por dar resultados pronto y a cualquier costo, suelen detener a personas inocentes, guiados por su aspecto, su debilidad o vulnerabilidad y tacharlas de criminales aunque tengan que inventarles pruebas y falsear evidencias, con inaudita e inaceptable frecuencia.
Para que los cuerpos de policía y las investigaciones de las fiscalías den buenos resultados y, al hacerlo, cierren la “puerta giratoria”, es indispensable permitir a las policías que realicen investigaciones -hoy impedidas de hacerlo, aunque esto parezca absurdo al lector de estas líneas- y capacitarla para que pueda hacer su trabajo, la cual hoy no reciben, por ilógico que nos resulte.
Para hablar de estos temas tan relevantes y que mucho tienen que ver con la vida de todos nosotros, pero hacerlo con los verdaderos especialistas y protagonistas de cumplir con estas delicadas responsabilidades en nuestras calles y colonias, en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, IAPEM, hemos preparado para esta tarde un diálogo en el que participarán un Presidente Municipal de nuestra entidad, la Secretaria de Seguridad del Gobierno del Estado de México, y los investigadores y analistas de dos de las más prestigiosas instituciones nacional e internacional en la materia. El evento no sólo permitirá entender mejor lo que sucede, sino conocer los mecanismos para mejorar y los recursos con los que contamos los mexiquenses para lograrlo. Una cosa es segura: las cosas no pueden seguir como hasta ahora y todos queremos lo que merecemos, saciar nuestra hambre y sed de justicia de: vivir con seguridad, justicia y paz.
@HuicocheaAlanis
