/ miércoles 14 de julio de 2021

Piden mayores mecanismos de participación ciudadana a nivel municipal

Plantean reconocer derecho a la participación, al buen gobierno y a una vida libre de corrupción

Además de la necesidad de impulsar mecanismos de participación ciudadana desde los municipios y los presupuestos participativos, integrantes del Parlamento Abierto advirtieron la necesidad de establecer en la Constitución el derecho a la participación ciudadana, al Buen Gobierno y a vivir en un ambiente libre de corrupción.

Durante la cuarta reunión de la Comisión de Democracia y Régimen Político, las y los parlamentarios señalaron que se requiere un empoderamiento de la ciudadanía y su participación activa para definir cuestiones como el presupuesto.

También plantearon mejorar las figuras de cabildos abiertos e incluir en la ley mecanismos a nivel municipal como la consulta vecinal, el cabildo abierto, los recorridos municipales y la consulta indígena.

Gobierno Abierto

Daniel Cervantes Pérez, de la Red Mexiquense de Gobierno Abierto, advirtió la necesidad de reconocer en la Constitución el derecho a la participación ciudadana e iniciar con un catálogo de mecanismos de participación.

Señaló que no se pueden desarrollar procesos participativos cuando la ciudadanía no está empoderada, por lo cual es muy importante partir del reconocimiento de ese derecho humano en la carta magna y habilitar la ley en la materia.

El concepto que expuso es que en el Estado de México toda persona tiene derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, entendida ésta como el proceso en el cual las personas, individual o colectivamente, pueden incidir en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de los asuntos de gobierno. La ley definiría las bases, mecanismos y modalidades.

También propuso reconocer en la Constitución el derecho humano a un buen gobierno y a un ambiente libre de corrupción, a través de una administración pública abierta, transparente, eficaz y eficiente y que el Estado garantice esos derechos desarrollando políticas públicas encaminadas a la apertura gubernamental, que contribuyan a la solución de problemas públicos.

La administración pública estaría obligada a realizar una buena administración, mientras la ciudadanía podría exigir ese derecho, en un cambio de paradigma de la administración pública. Parlamentarios advirtieron la necesidad de establecer que debe existir un gobierno abierto, y eso implica participación ciudadana y rendición de cuentas. Apoyaron la posibilidad de realizar un foro.

Participación Ciudadana

Patricia García Robles propuso la Ley de Participación Social que incluya tres mecanismos de participación: de interés político, de participación comunitaria y de vigilancia para controlar la administración pública.

Los de interés político serían el voto, el plebiscito, referéndum, ratificación de mandato y revocación de mandato; los comunitarios el presupuesto participativo, la asamblea ciudadana, la audiencia pública, la colaboración popular; y los de vigilancia el observatorio Ciudadano, la Contraloría social y un Centro de Atención Integral Ciudadana y Debate Ciudadano.

Estarían inmersas diversas autoridades, entre ellas el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Mariana Villaseñor Solís presentó una iniciativa para crear la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que además del plebiscito y el referéndum incluiría mecanismos como: consulta vecinal, cabildo abierto, recorridos municipales y la consulta indígena.

El cabildo sería una vez por semana y las autoridades tendrían que explicar a la ciudadanía si sus propuestas son aceptadas o no y por qué; mientras la consulta vecinal podría ser convocada por la o el presidente municipal, regidores, síndicos, o por comités vecinales que tendrían una representación ante los cabildos y serían electos por las y los vecinos.

Los recorridos municipales permitirían conocer los problemas y los solicitarían los comités vecinales, la Legislatura o la propia ciudadanía, y la consulta indígena permitiría que comunidades indígenas opinen sobre obras públicas que afecten sus territorios.

Hubo opiniones en torno a que se requieren leyes orgánicas para que no todo quede a nivel estatal y precisaron que el cabildo abierto ya existe en la ley.

Elpidio Martínez León propuso reconocer la participación social y ciudadana, pues garantizaría el respeto a las garantías individuales, generaría confianza ciudadana hacia las instituciones y la población participaría a través de un diagnóstico comunitario.

El objetivo es el empoderar de la ciudadanía.

Julieta Valentino planteó reformas para garantizar el derecho a la participación ciudadana, incluir el presupuesto participativo y establecer recursos para instrumentar presupuestos participativos.

Manuel Eduardo Vázquez Romero advirtió la necesidad de establecer cabildos abiertos itinerantes con el apoyo de consejos de participación ciudadana, pues falta abrir más espacios para la toma de decisiones. Su iniciativa busca que en los cabildos abiertos se incluya a los consejos de participación ciudadana y que así como hay una Legislatura local y una federal como instancias de deliberación, en los ayuntamientos también se abran cabildos ordinarios y abiertos que sesionarían con esos consejos.

Además de la necesidad de impulsar mecanismos de participación ciudadana desde los municipios y los presupuestos participativos, integrantes del Parlamento Abierto advirtieron la necesidad de establecer en la Constitución el derecho a la participación ciudadana, al Buen Gobierno y a vivir en un ambiente libre de corrupción.

Durante la cuarta reunión de la Comisión de Democracia y Régimen Político, las y los parlamentarios señalaron que se requiere un empoderamiento de la ciudadanía y su participación activa para definir cuestiones como el presupuesto.

También plantearon mejorar las figuras de cabildos abiertos e incluir en la ley mecanismos a nivel municipal como la consulta vecinal, el cabildo abierto, los recorridos municipales y la consulta indígena.

Gobierno Abierto

Daniel Cervantes Pérez, de la Red Mexiquense de Gobierno Abierto, advirtió la necesidad de reconocer en la Constitución el derecho a la participación ciudadana e iniciar con un catálogo de mecanismos de participación.

Señaló que no se pueden desarrollar procesos participativos cuando la ciudadanía no está empoderada, por lo cual es muy importante partir del reconocimiento de ese derecho humano en la carta magna y habilitar la ley en la materia.

El concepto que expuso es que en el Estado de México toda persona tiene derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, entendida ésta como el proceso en el cual las personas, individual o colectivamente, pueden incidir en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de los asuntos de gobierno. La ley definiría las bases, mecanismos y modalidades.

También propuso reconocer en la Constitución el derecho humano a un buen gobierno y a un ambiente libre de corrupción, a través de una administración pública abierta, transparente, eficaz y eficiente y que el Estado garantice esos derechos desarrollando políticas públicas encaminadas a la apertura gubernamental, que contribuyan a la solución de problemas públicos.

La administración pública estaría obligada a realizar una buena administración, mientras la ciudadanía podría exigir ese derecho, en un cambio de paradigma de la administración pública. Parlamentarios advirtieron la necesidad de establecer que debe existir un gobierno abierto, y eso implica participación ciudadana y rendición de cuentas. Apoyaron la posibilidad de realizar un foro.

Participación Ciudadana

Patricia García Robles propuso la Ley de Participación Social que incluya tres mecanismos de participación: de interés político, de participación comunitaria y de vigilancia para controlar la administración pública.

Los de interés político serían el voto, el plebiscito, referéndum, ratificación de mandato y revocación de mandato; los comunitarios el presupuesto participativo, la asamblea ciudadana, la audiencia pública, la colaboración popular; y los de vigilancia el observatorio Ciudadano, la Contraloría social y un Centro de Atención Integral Ciudadana y Debate Ciudadano.

Estarían inmersas diversas autoridades, entre ellas el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Mariana Villaseñor Solís presentó una iniciativa para crear la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que además del plebiscito y el referéndum incluiría mecanismos como: consulta vecinal, cabildo abierto, recorridos municipales y la consulta indígena.

El cabildo sería una vez por semana y las autoridades tendrían que explicar a la ciudadanía si sus propuestas son aceptadas o no y por qué; mientras la consulta vecinal podría ser convocada por la o el presidente municipal, regidores, síndicos, o por comités vecinales que tendrían una representación ante los cabildos y serían electos por las y los vecinos.

Los recorridos municipales permitirían conocer los problemas y los solicitarían los comités vecinales, la Legislatura o la propia ciudadanía, y la consulta indígena permitiría que comunidades indígenas opinen sobre obras públicas que afecten sus territorios.

Hubo opiniones en torno a que se requieren leyes orgánicas para que no todo quede a nivel estatal y precisaron que el cabildo abierto ya existe en la ley.

Elpidio Martínez León propuso reconocer la participación social y ciudadana, pues garantizaría el respeto a las garantías individuales, generaría confianza ciudadana hacia las instituciones y la población participaría a través de un diagnóstico comunitario.

El objetivo es el empoderar de la ciudadanía.

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