Toluca, México.- Abel recuerda, como un remolino que le remueve todo, el día previo al asesinato de su hija Jessica.
Hay una celebración por su cumpleaños 45, es el 3 de agosto de 2017. En las siguientes horas desaparecerá la joven doctora en el municipio de Xonacatlán. Después de un año no encuentran justicia.
Un día antes que desapareciera mi hija era mi cumpleaños, ella le dijo a mi esposa: 'toma dinero para que le hagas una comida y compres unos refrescos', la pasamos muy bien. Abel Sevilla Morales, padre de Jessica Sevilla Pedraza.
La joven de 29 años de edad fue asesinada el 5 de agosto en la comunidad El Hielo del municipio de Huixquilucan. El día 4 había desaparecido.
Desde esa fecha, Abel y su esposa Juana transformaron su dolor en coraje para buscar justicia. No hubo tiempo de llorar. Supieron que en la justicia mexiquense todo se mueve con corrupción y la impunidad tiene más derechos que las víctimas, revelan ambos.
Son padres activistas, empujados por la tragedia a manifestarse, dar declaraciones a medios de comunicación, y combatir las fallas del sistema penal y judicial.
“A un año le puedo decir que sólo está el dolor, porque avances hay pocos, muchas veces nos quisieron extorsionar pero no nos dejamos”, revela Juana Pedraza.
MAGROS
Los padres de Jessica también indican que no existe ningún detenido.
“A mi hija le quemaron el rostro con ácido, le sacaron un pulmón y el corazón, le desprendieron un brazo y la golpearon mucho”, revela Juana.
Sostiene sus argumentos con indagatorias propias y peritajes que han solicitado por su cuenta.
Los primeros tres meses la pareja no se despegó del Ministerio Público, no cedieron porque se percataron de omisiones en la investigación. Con sus propias indagatorias descubrieron que el cuerpo de su hija fue hallado el 5 de agosto y no el domingo 6 como argumenta la Fiscalía estatal.
“La gente nos dijo que la habían levantado el sábado al mediodía y no el domingo como dice la Fiscalía”, advierte Abel.
Otra de las irregularidades en la investigación, es la negativa de revisar una sábana de llamadas de uno de los sospechosos, petición en la que llevan cerca de ocho meses.
“Me dicen que le van a dar carpetazo pero no lo vamos a permitir, vamos a argumentarles porque hemos puesto muchas pruebas”, insiste.
