/ lunes 20 de septiembre de 2021

Deficientes investigaciones de feminicidios en Edomex: Amnistía Internacional

En el 2020 se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en México, 940 fueron investigadas por feminicidios

Julia Sosa Conde, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio, Nadia Muciño Márquez, cuatro casos donde las autoridades judiciales mexiquenses cometieron errores en las investigaciones por presuntos feminicidios.

Así lo denunció Amnistía Internacional, durante la conferencia “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las Investigaciones Penales de Feminicidios de Desaparición en el Estado de México”.

De acuerdo con Marta Martí Barrachina, investigadora en Amnistía Internacional México, en estos cuatro casos de feminicidios, las autoridades mexiquenses presentaron las deficiencias que, en repetidas ocasiones, siguen cometiendo.

La primera de ellas es que, durante las investigaciones, los servidores públicos pierden las evidencias relacionadas con los casos, por no resguardar las pruebas.

Así como que no realizan a tiempo los estudios correspondientes. Además, las autoridades judiciales no investigan de forma suficiente y eficiente todos los casos, olvidado aplicar en los protocolos de investigación la perspectiva de género.

Tal es el caso de la investigación de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no analizó la ropa de la víctima, ni los vídeos de las cámaras de seguridad.

O como el ‘carpetazo’ que se dio en el caso de Julia Sosa Conde, asegurando que el presunto responsable del feminicidio fue su pareja, quien también murió una semana después de haber encontrado el cuerpo de esta mujer.

Asimismo, durante la conferencia en la que estuvieron presentes familiares de las víctimas antes enunciadas, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, explicó que tales deficiencias no abonan en un sentido de justicia para las víctimas, pues, incluso, revictimizan a sus familias.

Esto, debido a que son los familiares los que buscan la justicia, demandándoles tiempo, costos económicos elevados, y desgaste emocional, convirtiendo a la búsqueda de justicia en una práctica peligrosa.

El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen, además, la revictimización de las autoridades”.

Seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, reiteró Olivares Ferreto.

Por ello, Amnistía Internacional emitió una serie de recomendaciones para evitar que estas deficiencias se sigan presentando en los casos actuales y futuros de presuntos feminicidios en la entidad mexiquense.

Como mejorar las condiciones de trabajo del personal de la FGJEM, una formación especializada de los servidores públicos y la supervisión real del trabajo que responda ante negligencia y omisiones presentadas en las investigaciones.

De manera particular, a la FGJEM le recomendaron que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.

Así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.

Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM cuente con más recursos financieros para que pueda llevar a cabo las diligencias correspondientes.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones, de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.

Y a las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

#HastaSerEscuchadas

De igual manera, fue lanzada la campaña #HastaSerEscuchadas, con el objetivo de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios.

Pidiendo que se cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias.

En 2020, se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

¿Qué pasó en las investigaciones de los cuatro feminicidios citados?

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos.

Los casos fueron: el de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; donde la Procuraduría de Justicia mexiquense, en ese entonces, no resguarda el lugar de los hechos, ni vinculó, en un primer momento, a el esposo y cuñado de la víctima, presuntos responsables del feminicidio.

En este caso, las pruebas de evidencia se perdieron y no fue posible buscar más porque la casa donde se cometió el crimen fue prendida en llamas. Catalogando su muerte como un suicidio.

Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en Tlalnepantla en el 2015, y aún con paradero desconocido. Su familia presume que fue víctima de feminicidio, y durante las primeras semanas agentes del Ministerio Público preguntaban a su madre ¿qué había investigado o qué tenía?, sin responsabilizarse de las investigaciones correspondientes.

Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017. Donde las investigaciones comenzaron seis meses después de haber encontrado su cuerpo en la calle.

En este caso, las autoridades no aplicaron el protocolo de la perspectiva de género, al confundirla con una persona del sexo masculino.

Y el feminicidio de Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018, donde la FGJEM tardó en rescatar su cuerpo que estaba enterrado en el rancho que cuidaba su expareja, por falta de personal.

Asegurando que el principal sospechoso del crimen fue su expareja quien fue encontrado muerto una semana después, luego de que también fuera amenazado, de acuerdo con el testimonio de la hija de Sosa Conde.

Julia Sosa Conde, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio, Nadia Muciño Márquez, cuatro casos donde las autoridades judiciales mexiquenses cometieron errores en las investigaciones por presuntos feminicidios.

Así lo denunció Amnistía Internacional, durante la conferencia “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las Investigaciones Penales de Feminicidios de Desaparición en el Estado de México”.

De acuerdo con Marta Martí Barrachina, investigadora en Amnistía Internacional México, en estos cuatro casos de feminicidios, las autoridades mexiquenses presentaron las deficiencias que, en repetidas ocasiones, siguen cometiendo.

La primera de ellas es que, durante las investigaciones, los servidores públicos pierden las evidencias relacionadas con los casos, por no resguardar las pruebas.

Así como que no realizan a tiempo los estudios correspondientes. Además, las autoridades judiciales no investigan de forma suficiente y eficiente todos los casos, olvidado aplicar en los protocolos de investigación la perspectiva de género.

Tal es el caso de la investigación de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no analizó la ropa de la víctima, ni los vídeos de las cámaras de seguridad.

O como el ‘carpetazo’ que se dio en el caso de Julia Sosa Conde, asegurando que el presunto responsable del feminicidio fue su pareja, quien también murió una semana después de haber encontrado el cuerpo de esta mujer.

Asimismo, durante la conferencia en la que estuvieron presentes familiares de las víctimas antes enunciadas, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, explicó que tales deficiencias no abonan en un sentido de justicia para las víctimas, pues, incluso, revictimizan a sus familias.

Esto, debido a que son los familiares los que buscan la justicia, demandándoles tiempo, costos económicos elevados, y desgaste emocional, convirtiendo a la búsqueda de justicia en una práctica peligrosa.

El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen, además, la revictimización de las autoridades”.

Seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, reiteró Olivares Ferreto.

Por ello, Amnistía Internacional emitió una serie de recomendaciones para evitar que estas deficiencias se sigan presentando en los casos actuales y futuros de presuntos feminicidios en la entidad mexiquense.

Como mejorar las condiciones de trabajo del personal de la FGJEM, una formación especializada de los servidores públicos y la supervisión real del trabajo que responda ante negligencia y omisiones presentadas en las investigaciones.

De manera particular, a la FGJEM le recomendaron que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.

Así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.

Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM cuente con más recursos financieros para que pueda llevar a cabo las diligencias correspondientes.

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones, de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.

Y a las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

#HastaSerEscuchadas

De igual manera, fue lanzada la campaña #HastaSerEscuchadas, con el objetivo de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios.

Pidiendo que se cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias.

En 2020, se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

¿Qué pasó en las investigaciones de los cuatro feminicidios citados?

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos.

Los casos fueron: el de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; donde la Procuraduría de Justicia mexiquense, en ese entonces, no resguarda el lugar de los hechos, ni vinculó, en un primer momento, a el esposo y cuñado de la víctima, presuntos responsables del feminicidio.

En este caso, las pruebas de evidencia se perdieron y no fue posible buscar más porque la casa donde se cometió el crimen fue prendida en llamas. Catalogando su muerte como un suicidio.

Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en Tlalnepantla en el 2015, y aún con paradero desconocido. Su familia presume que fue víctima de feminicidio, y durante las primeras semanas agentes del Ministerio Público preguntaban a su madre ¿qué había investigado o qué tenía?, sin responsabilizarse de las investigaciones correspondientes.

Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017. Donde las investigaciones comenzaron seis meses después de haber encontrado su cuerpo en la calle.

En este caso, las autoridades no aplicaron el protocolo de la perspectiva de género, al confundirla con una persona del sexo masculino.

Y el feminicidio de Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018, donde la FGJEM tardó en rescatar su cuerpo que estaba enterrado en el rancho que cuidaba su expareja, por falta de personal.

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