Exigir una buena administración pública libre de actos de corrupción es un derecho humano que se debe de garantizar en el territorio nacional, pues la falta de legislación en esta materia atenta contra la dignidad humana.
Así lo expresaron especialistas del tema durante el foro "Diálogos sobre el Derecho a una buena Administración Pública y su condición para disfrutar el derecho de un ambiente libre de corrupción", organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
En su participación, el académico Jaime Rodríguez-Arana Múñoz refirió que la buena administración pública es un deber y derecho intrínseco al ser humano, así como deber y obligación de las administraciones públicas en cualquier nivel.
"La buena administración, como todos ustedes saben, es un principio que impregna la actuación de las administraciones públicas, es un derecho humano, un derecho fundamental de la persona", explicó.
Refiriendo este derecho como una "calidad intrínseca de un valor superior", pues llevarlo a cabo impacta beneficamente en la dignidad humana.
Esta visión la compartió Miguel Alejandro López Olvera, ponente invitado al foro de la CODHEM, quien reconoció que este derecho se debe de aplicar en todo el territorio nacional.
Pues en la actualidad, solo se lleva a cabo en la Constitución de la Ciudad de México.
"El derecho a una buena administración en nuestro país se tiene que construir con base en las realidades que existen sobre las deficiencias y sobre las malas prácticas que hay en las administraciones públicas", refirió López Olvera.
Por lo que, esta nueva concepción del derecho a una buena administración pública debe de apostar a administraciones profesionalizadas, capacitadas y bien formadas, y deberán de estar plasmada en los marcos legales que rigen la vida del país.
"Tenemos por delante muchas tareas, tenemos por delante muchos desafíos, nos queda modificar, dentro de los programas académicos, los temarios, las currículas, e incorporar la visión del derecho a la buena administración", concluyó.
Retos
De acuerdo con los especialistas, se deben de cambiar los conceptos de "administración pública" en las Constituciones del país y de las entidades federativas.
Ya que, en la actualidad, solo se entiende por administración pública a las que recaen en el ejecutivo, olvidando que también hay administración pública en el poder legislativo, judicial y en organismos autónomos.
"El primer desafío es cambiar en nuestras constituciones el concepto administración pública. Hay un concepto en la constitución, en las constituciones, que solo abarca al ente público".
"Y muestra de ello son las leyes de procedimiento administrativo, las leyes del servicio profesional de carrera y las leyes de adquisiciones y obras públicas que, solamente, son aplicables a la administración pública que está inserta en el poder ejecutivo", argumentó.
Por lo que el concepto debe ampliarse a todos los entes públicos que realizan funciones públicas administrativas.
Papel de la ciudadanía
Pensar en una buena administración pública también recae en el ciudadano, el cual no solo es el receptor de derechos, sino que se convierte en el promotor y protagonista de este derecho, al exigir buenas prácticas en la administración pública.
"Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que asumir el papel protagonista que tenemos sobre el sistema político".
"El ciudadano ya no es un mero receptor de bienes y servicios públicos, sino que tiene una función principal en la gestión de los intereses públicos", enfatizó Rodríguez-Arana Múñoz.
A decir del propio académico, una ciudadanía ilustrada, formada y preparada es una ciudadanía que exige una administración con estándares de calidad y servicial.
Que gestiona con los más elevados estándares de objetividad, y que atienda permanentemente al interés general.
"Se debe de contar con administraciones públicas profesionalizadas, que estén integradas por personas que conocen las normas, pero sobre todo que asumen el compromiso del servicio público y que asumen el compromiso de los valores de la ética pública", refirió el ponente Rodríguez-Arana Múñoz.
Pues aseguró que un servidor público "no está solo para la gente, si no es de la gente", por lo que se debe cuidar su actuar, en la toma de decisiones que realice, con ética y sentido objetivo para satisfacer el interés general de la sociedad.