La Secretaría de Seguridad del Estado de México se encuentra lista ante la determinación del Instituto Electoral Nacional y de la entidad (INE e IEEM) para que las personas privadas de la libertad (PPL´s) que todavía no cuenten con una sentencia condenatoria en su contra puedan ejercer su voto en las elecciones a realizarse en 2023.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad de la entidad, Rodrigo Martínez-Celis, actualmente se cuenta con el protocolo de actuación a seguir al interior del Sistema Penitenciario mexiquense, no obstante, están a la espera de la instrucción por parte del INE y el IEEM.
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Agregó que, la Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense deberá recibir indicaciones puntuales sobre las reglas del proceso, tal como ocurrió con el proceso de vacunación contra Covid-19, por lo que están a la espera de iniciar las mesas de trabajo correspondientes con los órganos electorales estatal y nacional.
“Nosotros estamos listos ya para llevar a cabo el tema, hace falta que el INE y el Instituto estatal electoral no solamente diga cuáles son los penales en donde se va a poder llevar a cabo este sistema, sino cuáles son las reglas, es decir, de qué forma le vamos a poder acercar nosotros la información a las y los PPL's sobre cuáles son los candidatos, hacen falta esas mesas de trabajo que nosotros haremos en coordinación con los institutos”, explicó el responsable de la seguridad ciudadana en la entidad.
Rodrigo Martínez-Celis aseguró que existen las condiciones para que en todos los penales, a excepción de la Quinta del Bosque con sede en Zinacantepec, se realice la jornada electoral del 4 de julio del 2023.
“Existen las condiciones para que en todos los penales, salvo el penal de menores, hombres y mujeres puedan participar en esta jornada electoral, ya será tanto el INE como el IEEM quien nos instruya en cuáles son las reglas de operación, pero existen las condiciones”, aseguró Martínez-Celis.
Actualmente en el Estado de México se cuenta con una población penitenciaria superior a las 33 mil personas, de las cuales, 21 mil 989 se encuentran sentenciados y 11 mil 686 que enfrentan un proceso.
Cabe resaltar que ésta será la primera vez en la historia en que las personas privadas de la libertad que no cuentan con sentencia participen en el proceso electoral de la entidad.