Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) expresaron su preocupación por los delitos que se registran en la entidad, especialmente por ilícitos como el robo a transporte de carga, extorsión, ilegalidad y otros derivados de falta de normatividad en servicios de grúas y corralones; así como los feminicidios.
Durante una reunión con el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, también dieron un voto de confianza en la estrategia que está implementando en ese órgano autónomo.
Laura González Hernández, presidenta del CCEM, señaló que ese consejo se suma a la visión de reestructurar y renovar al personal de la Fiscalía y señaló que los grandes desafíos de esa institución son los actos de corrupción y el abuso de confianza.
“Nos sumamos a la visión de reestructurar la Fiscalía y renovar ampliamente al personal en todos los niveles de mando para evitar actos de corrupción y abuso de confianza que son los grandes desafíos que enfrenta la Fiscalía para cambiar la percepción y la realidad”.
En la reunión las y los empresarios acordaron mantener una vinculación muy estrecha con la Fiscalía mexiquense y con el Poder Judicial para que a través de los órganos de participación ciudadana se consideren propuestas de todos los sectores de la sociedad y se atiendan puntualmente para que se complete la judicialización de los asuntos y se reduzca de manera efectiva la impunidad.
“Se habló de la necesidad de acercar la fiscalía a la ciudadanía, mediante nuevos mecanismos y crear confianza, lo que fue muy bien recibido y asumido por el Fiscal General”, refirió González.
Dijo que se establecerán mesas de trabajo que incluyan a todos los niveles de autoridad para analizar detenidamente cada delito que impacta en el sector productivo, sobre todo los delitos patrimoniales que frenan la inversión.
Posteriormente, en el Observatorio Ciudadano en Favor de la Justicia se refrendó la necesidad de establecer nuevos mecanismos de captación de quejas y opiniones ciudadanas sobre la calidad de los servicios de administración e impartición de justicia para que se mejoren sustancialmente los resultados de estas instituciones.