Mientras el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi admitió que hay errores ministeriales y judiciales que generan prisiones injustas, Octavio Amezcua, oficial de Derechos Humanos de la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos lamentó que la impartición de justicia en este país deriva de la criminalización de la pobreza, y mujeres e indígenas tienen una particular vulnerabilidad ante el sistema de justicia.
Durante la primera reunión de parlamento abierto organizada por las comisiones legislativas del Congreso Mexiquense para analizar las propuestas de Ley de Amnistía, distintas voces de especialistas defensores y autoridades advirtieron la necesidad de esa ley y también hubo reproches a las fallas del sistema de procuración y administración de justicia.
Mientras el ciudadano Humbertus Pérez Espinoza de Presunción de Inocencia pidió reconocer la existencia de falsos culpables quiénes son inocentes, pero están en prisión, el abogado Leonel Rivero advirtió que existe corrupción en el poder judicial estatal y federal y reprochó que se han criminalizado y judicializado la pobreza y la protesta social.
El presidente del Tribunal Superior Ricardo Sodi y el secretario de Justicia, Rodrigo Espeleta hicieron algunas propuestas y planteamientos, entre ellos que la ley no puede ser permanente, sino para casos específicos, pidieron no caer en duplicidades y el magistrado planteó la posibilidad de ampliar las posibilidades de preliberación y de revisar en qué casos podría aplicar la amnistía para que realmente opere.
Deben liberar a PPL
El representante de la oficina del Alto comisionado de la ONU recordó a los diputados que la petición de la Ley de Amnistía es anterior a la pandemia y debe enmarcarse en las obligaciones del Estado, pues la situación de las personas privadas de su libertad (PPL) es preocupante por la fragilidad de la atención que se les otorga y la vulnerabilidad ante la pandemia, por lo cual han pedido atenderlas y tomar medidas para liberarlas.
Las iniciativas promovidas en materia de Amnistía, explicó, han despertado el interés internacional, y aún cuando reconoció que el Poder Judicial ha liberado a muchas personas, bajo diversos supuestos de la ley, faltan medidas complementarias. Anticipó que esas leyes tienen mayor impacto en los estados y reconoció que la propuesta de Morena va más allá de la federal.
Entre otras cosas alertó que la iniciativa corre el riesgo de establecer muchas limitantes porque da supuestos y luego limita; consideró la necesidad de asegurar el acceso a las personas a una representación jurídica y a una asesoría legal y la posibilidad de promover recursos.
No buscan liberar a delincuentes
José Humbertus Pérez Espinoza pidió no usar el adjetivo de delincuentes, dijo que no se trata de abrir la puerta de las prisiones, pero sí de reconocer a los falsos culpables, pues la fiscalía no ha investigado y el Estado es responsable de no haber consolidado el Sistema Penal Acusatorio, pues no se destinaron los recursos suficientes para echarlo a andar, ni capacitaron personal.
Los falsos culpables, subrayó, deben ser considerados en la ley porque hay miles de inocentes en las cárceles.
Por su lado, Leonel Rivero Rodríguez defensor de Derechos Humanos dijo que existe un problema estructural en los ámbitos político, social e Institucional y deficiencias en los sistemas de procuración y administración de justicia, así como corrupción en los poderes judiciales, y el hecho de que se han criminalizado y judicializado la pobreza y la protesta social.
Consideró la necesidad de instrumentar una comisión para aplicar la ley, a fin de que no pase lo que ha ocurrido con la de indulto que no se aplica, pese a que es muy amplia; sin embargo opinó que la revisión de los casos no debe estar a cargo del Poder Judicial y no debe abarcar delitos graves, ni de lesa humanidad.
Ley no permanente
Ricardo Sodi explicó que la Ley de Amnistía no debe ser permanente, sino para casos específicos y propuso incluir en el Código Penal otras hipótesis de preliberación y un mayor rango de aplicación. Aclaró que esa norma no correspondería al Poder Judicial y pidió tener cuidado de no hacer una ley atípica que invada la esfera del Poder Legislativo Federal.
El secretario de Justicia Espeleta pidió revisar los supuestos contemplados en la Ley de Ejecución Penal y tener mucho cuidado en no repetir supuestos, analizar las opciones e insistió en que la ley no puede ser permanente.
En tanto, el ciudadano Humbertus Pérez advirtió que los falsos culpables existen y pidió que sea una comisión legislativa la que revise los casos.
Ante el cuestionamiento del morenista Gerardo Ulloa a Sodi sobre los casos expuestos de injusticias, el presidente del Tribunal Superior Sodi que cuando hay un error judicial hay varias vías para remediarlo y negarlo sería un error, pues siempre existe la posibilidad de cometer errores y figuras como el indulto podría corregir errores y reconocer a inocentes.
Opinó que la Ley de Amnistía no es el mecanismo idóneo para hacer un reconocimiento de inocencia, pues hay errores judiciales y ministeriales que conllevan a una prisión injusta, por lo cual ofreció enviar sus consideraciones, comentarios y propuestas.
Octavio Amezcua consideró que existe un potencial importante de personas que podrían ser beneficiarias de la ley y recordó que la norma federal no ha aplicado, por lo cual pidió revisar si se creará una comisión especial.
Espeleta también precisó que no se pueden derogar tipos penales y esa norma no puede ser permanente, ni dejar supuestos muy amplios; tampoco crear instancias "ad hoc" y advirtió que la ley es muy útil, pero no solucionará el problema de sobrepoblación. Pidió pensar en las propuestas de los dos nuevos penales que el gobierno ha planteado, al tiempo de advertir que incrementar las penas no ha tenido el efecto disuasivo que se pretende, y en algunos casos, por ser tan altas, las personas no pueden acceder a la preliberación.
Ni aumento de penas, ni cárcel
Sin embargo, el magistrado Sodi coincidió en que la mejor forma de combatir la delincuencia no es aumentando las penas, sino aplicando la ley con rectitud, seriedad y con un programa de reinserción laboral, pero consideró que la solución no es crear más espacios de prisión, pues la prisión oficiosa no debe ser la regla, sino la excepción.
Antonio Guadarrama del Partido del Trabajo opinó que la preliberación va dirigida a sentenciados, pero no a falsos culpables y Sodi reconoció que no existe un sistema integral de reinserción social, pero se podría impulsar con las empresas y ofreció hacer un planteamiento.
A cuestionamientos de Ingrid Schemelensky del PAN sobre cómo lograr la reinserción y el seguimiento a beneficiarios de la Ley de Amnistía Humbertus Pérez señaló que hay falsos culpables que no cometieron delitos y son inocentes, por lo cual no necesitarían una reinserción,
Sodi también señaló que no hay casos consignados, ni mujeres condenadas por el delito de aborto en la entidad, ni de sedición; por lo cual pidió tener cuidado con el catálogo de supuestos, a fin de no generar expectativas que no se cumplan.
Karla Fiesco del PAN pidió tomar en cuenta quiénes podrían ser beneficiarios de la ley y que el Senado acaba de ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva.
