Las auditorías al proceso de reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos del 2017 en el país, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), determinaron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto no garantizó que los donativos fueran entregados a la población damnificada, ni ayudaran a resarcir daños a las viviendas.
Las conclusiones de esa institución señalan que la anterior administración careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para la recepción, administración, control, distribución y supervisión de esos recursos, en incumplimiento a la Ley General de Protección Civil.
La tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2018 de la ASF exhibe que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni siquiera registró los donativos internacionales, aun cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo ordena su registro, por lo cual se desconoce el monto total de lo donado y aportado, así como el ejercicio de los recursos.
De hecho, las revisiones muestran que ni las Secretarías de Gobernación, de Hacienda, Relaciones Exteriores, ni la Coordinación Nacional de Protección Civil establecieron las bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos, y la SHCP solo emitió el Comunicado 185 para facilitar la operación del fideicomiso “Fuerza México”, para canalizar las aportaciones por los sismos, sin justificar, fundamentar, ni motivar esa decisión.
Además, hubo limitaciones en la normativa de la CNBV para regular y supervisar a los fidecomisos, como el de “Fuerza México” y la última información pública disponible en el SAT, al 29 de mayo de 2019 destacaba que había más de 5 mil millones de pesos entregados a las donatarias autorizadas, sin que se precisara el monto correspondiente a “Fuerza México”.
La ASF encontró deficiencias en la aplicación de los recursos destinados a la reconstrucción por los sismos del 2017, pues no se garantizó que ayudaran a contribuir a resarcir los daños a las viviendas, hubo falta documentación comprobatoria de los recursos asignados a entidades y a empresas.
También detectó que se ejercieron recursos fuera del periodo de evaluación de daños y en conceptos no autorizados, se efectuaron pagos en demasía a contratistas, otros no fueron acreditados ni las penalizaciones a contratistas por atrasos en la ejecución de las obras y deficiencias en la investigación de mercado y la selección de los proveedores, entre otras cosas.
Las revisiones
La ASF fiscalizó los recursos para la reconstrucción en las cuentas públicas 2017 y 2018, a través de 32 revisiones, de las cuales: 22 auditorías fueron practicadas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) y otras 10 por la Auditoría Especial de Desempeño (AED) para la Cuenta Pública 2018.
En total, abordaron nueve ejes temáticos: reconstrucción de viviendas; reconstrucción de
unidades económicas; reconstrucción de infraestructura educativa; reconstrucción de infraestructura en salud; reconstrucción de infraestructura militar; reconstrucción de infraestructura carretera; reconstrucción de infraestructura hidráulica; atención de la población, y aseguramiento agropecuario.
En la tercera entrega de la cuenta pública 2018 se emitieron 55 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, seis Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, ocho Pliegos de Observaciones que sumados a los del 2017 son 36 pliegos por un importe total de 289 millones de pesos, de los cuales: 275.5 millones son probables por recuperar; 7.6 millones de importe sustituido por nueva acción y 5.9 millones por aclarar.
Observaciones
Entre las presuntas irregularidades detectadas destaca que la SEDATU, según el último informe de la Cuenta Pública 2018, hizo gastos y pagos no justificados, no contaba con datos confiables, pues 2 mil 378 tarjetas de apoyo con 117.8 millones de pesos se otorgaron aun cuando había
discrepancias en la información de los beneficiarios; a quienes no estaban en el censo y no se verificaron 781 acciones de vivienda.
En la reconstrucción de unidades económicas la ASF advirtió que faltaba documentación comprobatoria de los recursos asignados; en la reconstrucción de infraestructura educativa, en los estados de Chiapas, Oaxaca y Morelos no se presentó documentación justificativa y/o comprobatoria, hubo pagos en demasía a contratistas; ausencia de penalizaciones por atrasos en la ejecución de las obras y en la entrega de aulas móviles y módulos sanitarios.
En salud hubo hospitales donde no se realizaron obras, en la reconstrucción de infraestructura militar la ASF encontró incumplimiento a la normativa en la adjudicación de contratos y en la ejecución de las obras; así como que SEGOB no tramitó de forma oportuna las solicitudes de la SCT para acceder a apoyos parciales inmediatos y gastos de reconstrucción del FONDEN.
