/ martes 8 de noviembre de 2022

Otorgan defensoría gratuita penal a casi 370 mil personas de 2017 a 2022

Apoya a más de 30 mil personas de grupos vulnerables del Estado de México


Del año 2017 a la fecha el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México ha otorgado defensa gratuita en materia penal a 369 mil 411 personas inmersas en un proceso penal y 64 mil 518 representaciones jurídicas gratuitas en materia civil, familiar y mercantil, a personas de escasos recursos que han solicitado el servicio a ese Instituto.

Esas cifras significan que en promedio, cada año esa defensoría ha otorgado más de 60 mil defensas penales, aunque antes de la pandemia, que inició en el año 2020, el promedio de actuaciones en materia penal era superior a las 80 mil, pero durante la contingencia el número disminuyó, según datos de la página de ese ente.

Irma Leticia Cisneros Basurto, directora General del Instituto de la Defensoría Pública destacó que además han apoyado a las personas que acudieron a las oficinas de la Defensoría a solicitar asesoría u orientación jurídica gratuita, a quienes les otorgaron 420 mil 760 asesorías gratuitas en los últimos casi seis años.

Otro punto, añadió, es que del 2017 a la fecha lograron garantizar el acceso a la justicia a 30 mil 774 personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la ciudadanía, entre ellos: personas adultas mayores, con discapacidad e indígenas.

El balance de los últimos años, precisó, también muestra un incremento considerable de plazas de personas defensoras públicas, pues en el 2017 había 337, pero actualmente hay 437 plazas, es decir, cien más en los últimos seis años.

Asimismo, resaltó que han apoyado a las personas, que acudieron a las oficinas de la Defensoría a solicitar asesoría u orientación jurídica gratuita, y en este gobierno han ofrecido 420 mil 760 asesorías gratuitas.

Por primera vez, señaló, entre los meses de marzo y abril del 2022 firmaron un convenio de colaboración con más de 100 ayuntamientos para la realización de jornadas itinerantes en los municipios de la entidad mexiquense, con el objetivo de acercar los servicios de asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía.

La Defensoría Pública Estatal, resaltó, es de las primeras en el país en adoptar un sistema de servicio profesional de carrera para defensores públicos, pues abrió una convocatoria pública para formar parte del Instituto y recibió a miles de candidatos y candidatas.

Esa Defensoría, precisó, también certificó como intérpretes traductores en lenguas indígenas mazahua y otomí a tres defensores públicos, originarios de un grupo indígena y 30 más estudiaron la lengua mazahua en nivel básico.

Otro dato es la integración de la asistencia jurídica en materia de responsabilidades administrativas, donde atendieron a dos mil 194 personas que solicitaron el servicio y el hecho de que en 2022 han dado información a 15 mil beneficiarios sobre la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes.

Congreso nacional

Cisneros Basurto subrayó que por primera vez el Estado de México se ha posicionado a nivel nacional, al ser dos veces anfitrión del Congreso Nacional de Defensorías Públicas de la República Mexicana que se realizará en Toluca del nueve al 12 de noviembre.

En ese congreso se analizarán, entre otras cosas: las condiciones laborales de más de cuatro mil 300 personas defensoras públicas en México y temas relacionados con el acceso a la justicia, la defensa pública, las buenas prácticas y la mejora continua de los servicios.

La Directora General del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de México, Irma Leticia Cisneros Basurto explicó que se espera la participación de más de 20 titulares de esas defensorías, así como de 300 personas congresistas, entre personas defensoras públicas, servidoras públicas, litigantes, y público en general.

Añadió que el congreso nacional tiene como sede la capital mexiquense, y el desarrollo de actividades académicas se llevará a cabo en los auditorios de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Se disertarán ocho conferencias magistrales, así como la presentación de un libro y destacan la participación académica del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar; el magistrado federal José Nieves Luna Castro, el secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, Javier Vargas Zempoaltécatl, el magistrado Flavio Galván Rivera, ex presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ex Gobernador del Estado de México, César Camacho Quiroz; el ex secretario general de Gobierno, Víctor Humberto Benítez Treviño y el ex procurador Miguel Ángel Contreras Nieto.

Además, explicó, habrá conferencias de ilustres juristas internacionales como: Andrés Mahnke, ex Defensor Nacional de Chile; Fernando Macharelli, director de Participación Ciudadana, Acceso a la Justicia y Derechos Universales en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; además de Claudia Milena Garzón Padilla, comisionada por la Mesa de Diálogo Penitenciario y de Pacificación por Decreto Presidencial del Ecuador, entre otras.


Del año 2017 a la fecha el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México ha otorgado defensa gratuita en materia penal a 369 mil 411 personas inmersas en un proceso penal y 64 mil 518 representaciones jurídicas gratuitas en materia civil, familiar y mercantil, a personas de escasos recursos que han solicitado el servicio a ese Instituto.

Esas cifras significan que en promedio, cada año esa defensoría ha otorgado más de 60 mil defensas penales, aunque antes de la pandemia, que inició en el año 2020, el promedio de actuaciones en materia penal era superior a las 80 mil, pero durante la contingencia el número disminuyó, según datos de la página de ese ente.

Irma Leticia Cisneros Basurto, directora General del Instituto de la Defensoría Pública destacó que además han apoyado a las personas que acudieron a las oficinas de la Defensoría a solicitar asesoría u orientación jurídica gratuita, a quienes les otorgaron 420 mil 760 asesorías gratuitas en los últimos casi seis años.

Otro punto, añadió, es que del 2017 a la fecha lograron garantizar el acceso a la justicia a 30 mil 774 personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la ciudadanía, entre ellos: personas adultas mayores, con discapacidad e indígenas.

El balance de los últimos años, precisó, también muestra un incremento considerable de plazas de personas defensoras públicas, pues en el 2017 había 337, pero actualmente hay 437 plazas, es decir, cien más en los últimos seis años.

Asimismo, resaltó que han apoyado a las personas, que acudieron a las oficinas de la Defensoría a solicitar asesoría u orientación jurídica gratuita, y en este gobierno han ofrecido 420 mil 760 asesorías gratuitas.

Por primera vez, señaló, entre los meses de marzo y abril del 2022 firmaron un convenio de colaboración con más de 100 ayuntamientos para la realización de jornadas itinerantes en los municipios de la entidad mexiquense, con el objetivo de acercar los servicios de asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía.

La Defensoría Pública Estatal, resaltó, es de las primeras en el país en adoptar un sistema de servicio profesional de carrera para defensores públicos, pues abrió una convocatoria pública para formar parte del Instituto y recibió a miles de candidatos y candidatas.

Esa Defensoría, precisó, también certificó como intérpretes traductores en lenguas indígenas mazahua y otomí a tres defensores públicos, originarios de un grupo indígena y 30 más estudiaron la lengua mazahua en nivel básico.

Otro dato es la integración de la asistencia jurídica en materia de responsabilidades administrativas, donde atendieron a dos mil 194 personas que solicitaron el servicio y el hecho de que en 2022 han dado información a 15 mil beneficiarios sobre la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes.

Congreso nacional

Cisneros Basurto subrayó que por primera vez el Estado de México se ha posicionado a nivel nacional, al ser dos veces anfitrión del Congreso Nacional de Defensorías Públicas de la República Mexicana que se realizará en Toluca del nueve al 12 de noviembre.

En ese congreso se analizarán, entre otras cosas: las condiciones laborales de más de cuatro mil 300 personas defensoras públicas en México y temas relacionados con el acceso a la justicia, la defensa pública, las buenas prácticas y la mejora continua de los servicios.

La Directora General del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de México, Irma Leticia Cisneros Basurto explicó que se espera la participación de más de 20 titulares de esas defensorías, así como de 300 personas congresistas, entre personas defensoras públicas, servidoras públicas, litigantes, y público en general.

Añadió que el congreso nacional tiene como sede la capital mexiquense, y el desarrollo de actividades académicas se llevará a cabo en los auditorios de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Se disertarán ocho conferencias magistrales, así como la presentación de un libro y destacan la participación académica del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar; el magistrado federal José Nieves Luna Castro, el secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, Javier Vargas Zempoaltécatl, el magistrado Flavio Galván Rivera, ex presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ex Gobernador del Estado de México, César Camacho Quiroz; el ex secretario general de Gobierno, Víctor Humberto Benítez Treviño y el ex procurador Miguel Ángel Contreras Nieto.

Además, explicó, habrá conferencias de ilustres juristas internacionales como: Andrés Mahnke, ex Defensor Nacional de Chile; Fernando Macharelli, director de Participación Ciudadana, Acceso a la Justicia y Derechos Universales en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; además de Claudia Milena Garzón Padilla, comisionada por la Mesa de Diálogo Penitenciario y de Pacificación por Decreto Presidencial del Ecuador, entre otras.

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