Integrantes del Parlamento Abierto advirtieron la necesidad de apoyar a emprendedores, a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), de otorgar estímulos fiscales y financieros; así como impulsar la contratación de jóvenes recién egresados, quienes muchas veces enfrentan rechazos en las fuentes de trabajo por falta de experiencia.
Al participar en la Comisión de Desarrollo Económico, donde se expusieron 10 de 16 propuestas presentadas, las y los parlamentarios también plantearon la necesidad del seguro de desempleo, una Ley de Mercados Públicos, la Ley de Economía Social y Solidaria del Estado de México, la renta básica universal, e invertir un 5% a impulsar la ciencia y tecnología y facilitar la apertura de empresas.
Jóvenes expresaron su preocupación porque las empresas piden experiencia para contratarles, cuando no les dan oportunidad de adquirirla; por lo cual muchos terminan en áreas donde no estudiaron, o se tardan hasta dos años buscando empleo, sin conseguirlo.
Emprendedores y jóvenes
Valeria Regina González Colín propuso crear en la Constitución un apartado para emprendedores, pues explicó que muchas veces las y los jóvenes tienen problemas para encontrar trabajo, pues les piden experiencia y 65 de cada 100 deciden trabajar en una área distinta a la de sus estudios.
Su iniciativa implica crear tres nuevos artículos para dar oportunidad a jóvenes recién egresados y establecer que las empresas estarían obligadas a dar trabajo a jóvenes, sin importar su experiencia, pero tomando en cuenta sus conocimientos y habilidades, y quienes los discriminen sean multados.
Alejandrina Albiter Buendía presentó una iniciativa para la creación de Talleres de Emprendimiento, donde se pueda conocer lo necesario para emprender desde cero, adquirir y conocer habilidades y usar las herramientas.
Alberto Tinajero, de Coparmex, propuso el Fomento a nuevas Empresas, protección a las existentes y salario digno a los trabajadores. Advirtió la necesidad de ofrecer estímulos fiscales y financieros, regular requerimientos municipales como permisos y licencias.
De esa forma, la Legislatura establecería anualmente los incentivos y requisitos para acceder a ellos y para las licencias y permisos, a fin de combatir la corrupción y se ofrecerían capacitaciones para avalar las habilidades adquiridas.
En una segunda iniciativa, Valeria Regina González Colín propuso crear la Plataforma para dar Empleo a Jóvenes recién graduados, pues están, dijo, destinados a pasar unos dos años buscando empleo o trabajando en algo distinto a lo que estudiaron, con trabajos temporales, sin salarios adecuados a sus conocimientos y habilidades y muchas veces consiguen una plaza de distinta rama. El país, sentenció, se ha convertido en un sitio donde los jóvenes están desempleados.
Su propuesta obligaría a las empresas a dar oportunidad a jóvenes recién egresados que sean evaluados y calificados por sus conocimientos y capacidades y no por falta de experiencia y a crear un portal con ayuda a personas para emprender.
Carlos Víctor Manuel Uribe Mejía, de la Asociación de la Comisión de Jóvenes Industriales de la Concamin, presentó una iniciativa de Fomento Constitucional al Emprendimiento en el Estado de México, a fin de que el Ejecutivo estatal implemente una agenda para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas PYME.
Con ella, al menos cada tres años se impulsarían acciones y políticas públicas tendientes a apoyar e impulsar a ese sector y que las y los jóvenes terminando la carrera tengan conocimiento de cómo emprender negocios.
Pedro Carta Terrón planteó la necesidad de reconocer y dar más solidez al derecho al trabajo y al emprendimiento, a fin de fomentar la economía y definir el derecho a generar riqueza propia de las y los mexiquenses para hacer obligatorio que se generen políticas públicas.
Horacio Rodríguez Jiménez propuso señalar en el texto constitucional que el Estado debe fomentar la creación de empleo, el emprendurismo, la apertura de nuevas empresas y un seguro de desempleo, así como el crecimiento de las economías locales, a través de cooperativas.
Magdalena Carrasco planteó la Ley de Mercados Públicos del Estado de México y explicó que en los 125 municipios hay 650 mercados públicos, pero no se ha legislado sobre ese sector y es necesario incluirlo dentro de la economía social y dar un trato igual a todos.
Irak Vargas advirtió que cada vez hay más robotización, por lo cual propuso una Ley de Economía Social y Solidaria del Estado de México, la creación del Instituto estatal de Economía Social y Solidaria, la renta básica universal para la entidad, la cobertura nacional en Internet para garantizar la conectividad y acercarse a una sociedad del conocimiento e invertir 5% a impulsar la ciencia y tecnología; así como una Ley de Soberanía Nacional.