El Poder Judicial mexiquense instaló la Sala de Asuntos Indígenas, que atenderá asuntos relacionados con los cinco pueblos originarios mexiquenses: Matlazinca, Mazahua, Náhuatl, Otomí y Tlahuica, de poblaciones migrantes y de la comunidad afromexiquense para darles voz.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar afirmó que las grandes líneas de esa sala deben ser el respeto, la apertura, la creatividad, el desarrollo de un nuevo modelo intercultural para la generación de normas de Derecho.
Señaló que la Sala es muestra de la colaboración de los tres poderes del Estado, del diálogo político que existe porque todas las reformas fueron aprobadas por unanimidad en la Legislatura y el Ejecutivo las publicó de forma inmediata.
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Las y los cinco magistrados que la integrarán, dijo, asumirán una alta responsabilidad, pues los trabajos son innovadores, ya que no tendrá parangón en otra entidad; por lo cual deben ser creativos, incluyentes, darle voz a los pueblos Indígenas, rescatar sus usos, costumbres y respetar sus tradiciones
"No es una cuestión de estadística poblacional, es una cuestión de respeto cultural, y esto es lo que estamos promoviendo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: el respeto a nuestras tradiciones".
Añadió que corresponde a las y los jueces y magistrados asumir el compromiso de legitimidad que tanto reclama la sociedad y los pueblos originarios.
Los exhortó a hacer honor a la recepción del bastón de mando, entregado en el evento, por las comunidades indígenas, a respetar en todo los usos, las tradiciones y la tutela de los Derechos Humanos.
Arnulfo Gómez Barrón, gobernador indígena, señaló que a finales del año pasado el magistrado presidente convocó a los cinco pueblos originarios para pedir su opinión, a fin de plantear cambios a la ley, donde se les respetaran sus usos, costumbres y tradiciones y se les hiciera justicia, pues ésta siempre ha sido una aspiración, un sueño anhelado y una promesa incumplida de las comunidades indígenas.
"Ya no queremos que la justicia sea una promesa incumplida, hablaron y hablamos, nos escucharon y los escuchamos; se rompió el silencio que desde hace mucho tiempo queríamos que se rompiera. Necesitamos ser escuchados".
Las leyes, dijo, se cambiaron y ahora hay una Sala de Asuntos Indígenas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. "Para que la justicia para nosotros deje de ser una promesa incumplida porque la justicia para nosotros hoy es una realidad", expresó.
Cinco magistradas y magistrados rindieron protesta y representantes de los pueblos originarios le entregaron el bastón de mando a Sodi y al magistrado presidente de la Sala de Asuntos Indígenas, Edgar Hernán Mejía López, quien advirtió que los pueblos originarios lamentablemente aún son particularmente vulnerables a perturbaciones o intromisiones en sus modos de vida, hábitos, lenguas, costumbres e instituciones y la conservación de estos conlleva una conservación de vital importancia para la cultura.
Se exige, añadió, la mayor y mejor comprensión, de todos los agentes del Estado, especialmente de la administración y procuración de justicia.
La sala reconocerá y protegerá instrumentos internacionales, especializados y regionales; así como los usos y costumbres cuando más les favorezcan.
Refirió que de las cinco etnias según el INEGI hay unos 400 mil habitantes más las personas que se han ido integrando.
Afirmó que pondrán especial estudio con la población afromexiquense, de la cual hay unas 300 mil personas y aplicará el "amicus curiae", una figura que permite dar voz a la sociedad, como instrumento óptimo para la expresión de afectaciones y preocupaciones de las etnias.
Las y los integrantes de la sala, sostuvo, tendrán como principio la integración sistémica, la dignidad humana como valor supremo, la protección de los derechos y garantías de los pueblos indígenas para superar la exclusión social, promover la paz, evitar conflictos, y de haberlos, resolverlos de la forma más adecuada.
El Poder Judicial mexiquense presentó la iniciativa al Congreso local, que fue aprobada por unanimidad, y realizó un foro con la participación de los cinco pueblos originarios y pueblos migrantes para lograr la creación de la nueva sala.
