/ miércoles 24 de febrero de 2021

Se prepara el Poder Judicial tras aprobación de Ley de Amnistía

Realiza capacitación y mapeo de personas en esa situación: Ricardo Sodi Cuella

Luego de ser aprobada la Ley de Amnistía en el Estado de México, el Poder Judicial mexiquense se preparó para su entrada en vigor con acciones de capacitación y otras diligencias.

Así lo señaló en entrevista el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar, quien detalló que se tuvo un plazo de 60 días para ello.

A la fecha, informó, se efectúa un mapeo de las personas que pudieran ser consideradas en esa legislación.

Es muy difícil cuantificar cuántas personas pueden estar en esta situación, se debe hacer un mapeo más preciso y a partir de eso ya podemos dar una cifra”.

Puntualizó que según lo dispuesto en el acuerdo por el que se aprobó la referida Ley, se estableció 60 días.

Al respecto, dijo, según esos términos el plazo vencerá el próximo 5 de marzo y ese día se podría dar a conocer la información precisa.

Ese plazo fue para que el Poder Judicial se prepare para su implementación”.

En ese lapso, afirmó, se preparó el acuerdo de apertura, el cual se publicará en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 5 de marzo de 2021.

De igual manera, comunicó que en ese periodo se impartió capacitación a jueces, agentes del Ministerio Público y servidores públicos.

Además, por primera vez en la historia, se invitó a los colectivos sociales, agregó.

Esto no se había hecho antes, a las Organizaciones No gubernamentales (ONG´s), a las organizaciones protectoras de la mujer, feministas, etcétera”.

En ese rubro se consideró un esquema digitalizado para otorgar cursos rápidos en amnistía.

La Ley de Amnistía, se contempla, podría aplicarse en personas que han cometido delitos de tipo patrimonial o narcomenudeo de poco impacto, expresó.

Otros de los puntos que se considera es que en esos actos no haya existido violencia o personas lesionadas, mencionó.

“Siempre y cuando se pague la reparación del daño para que las víctimas no reciban alguna afectación”.

Sodi Cuellar fue claro al decir que la legislación no contempla la reincidencia.

En el tema de la amnistía no necesariamente se requiere de una sentencia firme, en cualquier etapa del proceso se puede optar por la amnistía y, por eso, es difícil cuantificar cuántas personas pueden estar en esa situación”.

Asimismo, reiteró que dichas cifras serán siempre preliminares pues cambiarán.

La ley fue aprobada en la Legislatura mexiquense en diciembre del año pasado.

En la cual se podría otorgar libertad a las personas que cometieron un delito no grave, es decir, del fuero común mientras no hayan sido sentenciadas o acusadas.

En ese rubro se contempla beneficiar a grupos vulnerables como mujeres, indígenas, adultos mayores, personas en situación de pobreza o sectores que suelen sufrir discriminación en los que pudiera existir violación a sus derechos o un indebido proceso.

Esto pues suelen darse casos de encarcelamiento a quienes se dedican a la defensa de los recursos naturales u otros, o bien son víctimas de la fabricación de delitos.

En ese sentido, el Poder Judicial mexiquense estará facultado para emitir acuerdos generales para normar el proceso.

La solicitud de amnistía por parte de las personas privadas de su libertad será presentada a un juez competente por escrito o por medios digitales o electrónicos desde que inicia el proceso hasta 60 días.

Luego de ser aprobada la Ley de Amnistía en el Estado de México, el Poder Judicial mexiquense se preparó para su entrada en vigor con acciones de capacitación y otras diligencias.

Así lo señaló en entrevista el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar, quien detalló que se tuvo un plazo de 60 días para ello.

A la fecha, informó, se efectúa un mapeo de las personas que pudieran ser consideradas en esa legislación.

Es muy difícil cuantificar cuántas personas pueden estar en esta situación, se debe hacer un mapeo más preciso y a partir de eso ya podemos dar una cifra”.

Puntualizó que según lo dispuesto en el acuerdo por el que se aprobó la referida Ley, se estableció 60 días.

Al respecto, dijo, según esos términos el plazo vencerá el próximo 5 de marzo y ese día se podría dar a conocer la información precisa.

Ese plazo fue para que el Poder Judicial se prepare para su implementación”.

En ese lapso, afirmó, se preparó el acuerdo de apertura, el cual se publicará en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 5 de marzo de 2021.

De igual manera, comunicó que en ese periodo se impartió capacitación a jueces, agentes del Ministerio Público y servidores públicos.

Además, por primera vez en la historia, se invitó a los colectivos sociales, agregó.

Esto no se había hecho antes, a las Organizaciones No gubernamentales (ONG´s), a las organizaciones protectoras de la mujer, feministas, etcétera”.

En ese rubro se consideró un esquema digitalizado para otorgar cursos rápidos en amnistía.

La Ley de Amnistía, se contempla, podría aplicarse en personas que han cometido delitos de tipo patrimonial o narcomenudeo de poco impacto, expresó.

Otros de los puntos que se considera es que en esos actos no haya existido violencia o personas lesionadas, mencionó.

“Siempre y cuando se pague la reparación del daño para que las víctimas no reciban alguna afectación”.

Sodi Cuellar fue claro al decir que la legislación no contempla la reincidencia.

En el tema de la amnistía no necesariamente se requiere de una sentencia firme, en cualquier etapa del proceso se puede optar por la amnistía y, por eso, es difícil cuantificar cuántas personas pueden estar en esa situación”.

Asimismo, reiteró que dichas cifras serán siempre preliminares pues cambiarán.

La ley fue aprobada en la Legislatura mexiquense en diciembre del año pasado.

En la cual se podría otorgar libertad a las personas que cometieron un delito no grave, es decir, del fuero común mientras no hayan sido sentenciadas o acusadas.

En ese rubro se contempla beneficiar a grupos vulnerables como mujeres, indígenas, adultos mayores, personas en situación de pobreza o sectores que suelen sufrir discriminación en los que pudiera existir violación a sus derechos o un indebido proceso.

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