Al entrar en vigor la Ley de Amnistía del Estado de México la solicitud de la misma recae en grupos vulnerables, es decir, indígenas, quienes cometieron delitos menores como abigeato, además de mujeres que cometieron delitos menores o se les fabricó la comisión de uno.
De acuerdo al Poder Judicial del Estado de México se estima que en los próximos días puedan llegar cerca de tres mil solicitudes.
Con ello se podría beneficiar a cerca del 7.8%, del total de los reclusos que purgan una condena en la entidad.
Sin embargo, durante el análisis y aprobación de dicha Ley, los diputados locales impulsores de la misma anticiparon que pudieran entrar en esa situación cerca de 5 mil personas privadas de su libertad en algunos de los centros penitenciarios mexiquenses.
De acuerdo a Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), serán estas quienes promuevan la mayoría de las peticiones de amnistía.
No obstante, también los pueden hacer familiares y defensores de Derechos Humanos.
Los reos contemplados en esa legislación son quienes hayan cometido delitos de bajo impacto.
A quienes se les haya fabricado un delito, los delitos contra la salud o quienes han defendidos sus tierras o recursos naturales y los llamados presos políticos.
La interrupción del embarazo o aborto, robo simple sin violencia, que no amerite más de cuatro años de prisión.
Particularmente, a mujeres, indígenas, personas en situación de pobreza que por con condición les hayan sido vulnerados sus derechos.
No esta previsto aplicarse en delitos contra la vida o integridad corporal como secuestro o uso de arma de fuego.
De manera preliminar diversas organizaciones civiles contemplaban promover 600 casos de presidiarios que purgan su condena en diversos penales del Estado de México, particularmente, en los situados en la zona oriente y del Valle de México.
Con la Ley se estima haya un desahogó de la población interna de los centros penitenciarios de Toluca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Ecatepec, los cuales presentan altos índices de demanda.
Esto luego de la entrada en vigor de la normatividad a inicio de año, pero aprobada en el Congreso local, en el último trimestre de 2020.
No obstante, luego de ese lapso el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), se preparó para atender las solicitudes.
En el Estado de México se prevé que el total de personas privadas de su libertad son cerca de 32 mil.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha estimado que las personas privadas de su libertad que tuvieron juicios con irregularidades purgan su condena los centros penitenciarios de Almoloya de Juárez, en el de Barrietos en Tlalnepantla, Chiconautla, Nezahualcóyotl, y Chalco, quienes podría solicitar la amnistía.
En el estado de México a inicios de febrero pasado, el Tribunal de Alzada en el municipio de Ecatepec liberó a una pareja acusada por homicidio.
Leticia Arcos Hernández y Antonio Félix Puentes purgaban una condena de 40 años de prisión.
La pareja es originaria del municipio de Hueypoxtla, quienes fueron detenidos por personas encapuchadas quienes los responsabilizaron de dicho delito.
Tras la aprobación de la Ley en el Congreso mexiquense y dado las condiciones de su caso contemplaron hacer la petición de amnistía y al cumplir con los requisitos previsto en la legislación se les otorgó su libertad.
Las organizaciones de la sociedad civil y de familiares de personas acusadas con proceso irregulares han señalado que serán vigilantes si se cumpla con el objetivo de la ley.
En el país a mediados del año pasado entregó en vigor dicha ley.
