Especialistas advirtieron la necesidad de que los municipios mexiquenses mejoren su recaudación, sean transparentes, planeen adecuadamente adquisiciones y contrataciones y se sancione con firmeza a servidores públicos que adquieran compromisos, pero no los cumplan, o contraten sin tener recursos para pagar.
Durante el Foro "Deuda de los Ayuntamientos" organizado por el Partido Verde Ecologista (PVEM) también se planteó la necesidad de tener servidores públicos con capacitación y certificación, pero sobre todo con el perfil adecuado, sancionar a quienes ofrezcan información falsa y a quienes no cumplan con la ley.
Arturo Goicochea Alanís director del Instituto de Administración Pública del Estado de México advirtió que la Legislatura debe "entrar" al tema, pues cada tres años los ayuntamientos pasan "la bolita" a la siguiente administración.
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La única solución, precisó, es aumentar los ingresos propios que puede ser con créditos, la venta de inmuebles y fundamentalmente con la mejora de ingresos propios, pues el 20% de los municipios del país no cobran el IVA y a diciembre del 2020 había 51 de los 125 municipios deudores, entre ellos: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Ecatepec, Metepec y Naucalpan.
No obstante, afirmó, en la mayoría de los casos las cantidades de impuesto predial y de derechos de agua que no cobraron en los últimos años exceden y hasta triplican los pasivos, por lo cual deben recuperar la cartera vencida.
César de Jesús Molina Suárez ex magistrado de Justicia Administrativa refirió que los endeudamientos derivan de una indebida planeación y hacen sufrir a empresarios para pagarles.
Propuso una refoma a la Ley de Contratación Pública del Estado de México para incluir responsabilidades específicas con sanciones fuertes y claras contra quienes tengan la obligación de planear el gasto público y de asignar los recursos, pero evadan cumplir con sus atribuciones.
La Ley, dijo, señala que solo pueden hacer adquisiciones cuando cuenten con saldo suficiente y hay empresas que han "tronado" porque no les pagan; por lo cual también planteó que en el Código Administrativo se precisen sanciones y faltas administrativas cuando las o los servidores no hagan contrataciones ajustados a la norma.
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La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laura González señaló que ante la enorme crisis económica no pueden permitir los impagos que significan una falta legal y un acto de corrupción que se debe castigar, pues de mil 100 constructoras de la Cámara de la Construcción el 90% tiene una afectación.
Planteó la necesidad de normar y topar el tipo de adeudos por ejercicio fiscal, y que si no tienen dinero no hagan contratos, pero también mayor transparencia y sanciones a quienes falseen deudas, pues algunos dicen que no las tienen. Isabel Clemente Muñoz del INESLE refirió que al menos 48 de los ayuntamientos mexiquenses heredaron más de cuatro mil millones de pesos de deuda y cuatro: Ecatepec, Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla tienen los montos más altos y números rojos, por lo cual se requiere una mejor planeación.
La pandemia, advirtió, ha sido pretexto de algunos municipios para no pagar a proveedores y de acuerdo con un reporte de vulnerabilidad, a raíz de la pandemia se mostró una baja capacidad para mostrar información en transparencia.
Edgar Gómez Sánchez profesor de la UAEMex advirtió que se requieren servidores con el perfil adecuado, pues uno de los principales problemas de los ayuntamientos es que no tienen personal competente. También necesitan mecanismos de control, de prevención y dar más elementos a los municipios.
Nayeli Barrueta de la Contaduría Gubernamental del Estado de México dijo que el año pasado regresaron 285 millones del Fondo de Infraestructura Social, pues algunos municipios reciben recursos, pero no los ejecutan adecuadamente y el Estado lo termina pagando y planteó la posibilidad de fincar responsabilidades a servidores que no ejecuten adecuadamente las partidas etiquetadas.
Felipe Javier Serrano vocal del Instituto Hacendario del Estado de México advirtió la necesidad de profesionalizar y certificar a las y los servidores públicos para que no sean improvisados.
Martín Bernal director de Finanzas del Poder Judicial mexiquense consideró que los municipios deben capacitarse en la integración de los presupuestos y analizar el origen de las deudas.
José Couttolenc Buentello, líder del PVEM advirtió que de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial los municipios mexiquenses deben más de cuatro mil millones de pesos a proveedores y a veces ocultan información, por lo cual buscan transparentar los pasivos y disminuirlos, pues hay décadas de rezago.
María Luisa Mendoza, coordinadora del PVEM anunció que propondrán reformas para fortalecer las finanzas municipales y su compañera Claudia Morales advirtió que la falta de pago ha afectado a empresas y buscarán poner un freno a esos adeudos.