Por su probable responsabilidad en un delito de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Rene “N” fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
A principios de enero del 2021, residentes del Ejido de Purificación se percataron que cuadrillas de albañiles comenzaron a limpiar el predio denominado Oztoyahualco. Primero cortaron cientos de nopaleras, después con maquinaria pesada aplanaron el predio, destruyendo varios montículos arqueológicos.
Por estos hechos, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, libró la orden de aprehensión que fue cumplimentada el 11 de octubre por los agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), en Teotihuacán.
El oficio emitido por la dependencia indica que el detenido fue remitido y quedó a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Nezahualcóyotl. En audiencia de imputación, la Jueza impuso las medidas cautelares de presentación periódica ante la Unidad de Medidas cautelares, prohibición de salir del país, un informe en el que señale el domicilio donde va a residir, y una garantía económica.
La FGR no especifica si fue detenido Rene hijo o Rene padre; ambos estuvieron presentes durante las diligencias al predio realizadas por personal del Instituto de Antropología e Historia (INAH) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Rene Monterrubio López, ex alcalde del municipio de Teotihuacán en el trienio 2013-2015, durante las diligencias manifestó ser el responsable del inmueble sin acreditarlo mediante algún documento, y sin contar con las autorizaciones de las obras que estaban realizando.
En el predio de Oztoyahualco, con extensión de siete hectáreas de manera ilícita, se construía un parque ecoturístico. El lugar está catalogado por el Instituto de Antropología e Historia (INAH) como Área B de restricción, ya que existe al menos una veintena de estructuras arqueológicas.
El 24 de mayo, El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo de la UNESCO, demandó a las autoridades mexicanas detener la destrucción arqueológica y evaluar las afectaciones por los organismos profesionales autorizados. También exigió castigar a quienes resulten responsables de la destrucción y saqueo.
Para el 26 de mayo, el personal del INAH en una segunda visita de supervisión se percató que el terreno se encontraba ya bardeado en su totalidad. En esa ocasión con el apoyo de un centenar de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), entre conatos de bronca con los albañiles colocaron nuevos sellos de suspensión. Días antes, el 6 de mayo, habían colocado sellos que fueron violados por los trabajadores de la construcción.
Una tercera visita por peritos y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Fiscalía General de la República (FGR), acompañados por 300 elementos de la Guardia Nacional (GN), se llevó a cabo el 31 de mayo. El agente del Ministerio Público de la federación explicó que se trataba de una diligencia para asegurar el lugar y colocaron sellos con el número de carpeta de Investigación FED/FECOC/UEIDAPTTMEX/ 0000051/2021 visible.
