Los principales organismos empresariales del país coinciden en que la iniciativa presidencial afectaría a las familias mexicanas y al país en materia económica y ambiental
Desalentaría inversiones y la creación de fuentes de empleo, advierten
Los comunicados emitidos por las principales cúpulas empresariales del país y organismos no gubernamentales en lo que va de este mes, muestran el total rechazo del sector privado a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica enviada el pasado primero de octubre por el presidente López Obrador.
Mientras, ante esta desaprobación, el jefe del Ejecutivo Federal insistió este martes en la bondad de su iniciativa “que conviene a todos” y presionó por cierto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a demostrar con su voto, en su momento, “si están con el pueblo o con grupos económicos”, con lo que dio un viso ideológico a la discusión.
El empresariado mexicano coincide en que la aprobación de la iniciativa presidencial, afectaría de manera importante al país tanto en el ámbito económico como en el ambiental.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que de transitar la iniciativa “marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país”.
Advirtió que se golpearían las finanzas de familias mexicanas y consumidores de electricidad y para el gobierno implicaría un importante costo presupuestario al subir costo de producción y requerir fuertes inversiones del Estado para asegurar el suministro eléctrico
La reforma, aseguró el organismo, obligaría a los consumidores a consumir energía de la Comisión Federal de Electricidad “sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea e implicaría que “plantas limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes.
Carlos Lomelí, presidente del CCE, aseguró que se consumaría “una expropiación de facto de 44 mil mdd” dejando expuesto al país al reclamo de indemnizaciones.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideró que debe protegerse la libre competencia “porque beneficia al consumidor final en precio y servicio” y añadió que “recuperar el crecimiento después de la pandemia por Covid-19 requiere de una oferta energética limpia, moderna y oportuna para que las empresas crezcan y generen más y mejores empleos”.
Destacó la necesidad de –contra lo que contempla la iniciativa-, de mantener a los órganos reguladores autónomos, ya que “son garantes para contrarrestar los monopolios; eliminarlos repercutirá en suministro de menor calidad y a costos mayores para la población”.
La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), opinó que se perderían inversiones y empleos, “porque México será un país cuya oferta de electricidad provendrá en su mayoría de fuentes insuficientes, contaminantes y costosas”; en tanto, se impediría a las empresas globales cumplir con sus certificaciones de industria limpia, y por lo tanto con la posibilidad de continuar con sus operaciones, y a las nacionales, las imposibilita de llegar a competir con las anteriores.
Estaremos atentos, dijo la Concamin, “para trabajar activamente en el Parlamento Abierto, con todos los involucrados y convocaremos a todas las voces que lleven al dialogo y a la reflexión que dé prioridad al crecimiento del país y al bienestar de las familias mexicanas”.
A su vez, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organismo no gubernamental, sostuvo en un comunicado, que la iniciativa, que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética “favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al limitar la participación de la industria privada en el mercado eléctrico mexicano y desmantelar la estructura institucional regulatoria del mercado eléctrico actual”.
Destacó que la iniciativa retoma elementos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso en marzo de 2021 –actualmente suspendida por litigios en el Poder Judicial.
Sin duda, ésta será una de las iniciativas presidenciales más controvertidas del sexenio y si bien está muy clara la postura del sector privado del país, la actitud que ha mostrado la actual administración federal en otros temas, hace previsible que las voces de los organismos aquí mencionados, difícilmente serán escuchadas.
Al momento, la principal incógnita es cuál será, cuando llegue el momento, la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante el “coqueteo presidencial”, ya que los votos de sus legisladores a favor, harían transitar la propuesta.
Está pues en juego la alianza electoral anunciada en su oportunidad por el PRI; el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Las negociaciones serán “a morir” en los próximos días y esta será la primera gran prueba para los nuevos legisladores del país.
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