/ lunes 29 de abril de 2024

Coordinación interna: el reto electoral de Delfina Gómez

La gobernadora Delfina Gómez tiene un problema muy grande en su administración: los crímenes políticos van a la alza pero las áreas responsables de anticiparlos y atenderlos no solo no están coordinadas sino que se encuentran confrontadas o, al menos, eso es lo que se comenta en las oficinas de Lerdo 300; un tema que no es nuevo ni desconocido en Palacio de Gobierno pero un absoluto tabú del que nadie quiere hablar mucho que digamos.

El sábado 27 fue asesinado el exdirector de Administración del Ayuntamiento de Tlalnepantla Luis Antonio Gutiérrez Herrera, por la tarde su esposa acusaba ante los medios al alcalde, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, popularmente conocido como “El Tony”, quien está en campaña para la reelección, lo que vuelve el crimen un tema de violencia electoral.

Unos días antes, el martes 23, Arturo Lara de la Cruz, quien estaba postulado a la candidatura por Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Amanalco de Becerra, fue atacado por la madrugada en su domicilio por un grupo armado que, además, dejó un mensaje amenazándolo a él y su familia en caso de continuar con el proceso para convertirse en candidato oficialmente.

En solo una semana, dos agresiones vinculadas al proceso electoral en curso han enmarcado el arranque de las campañas, lo que ha detonado que, al menos hasta el sábado, ya haya 14 solicitudes de protección a candidatos ante el IEEM, un número que seguramente crecerá en los próximos días en función de cómo se están dando las situaciones en los distintos municipios del Edoméx y ante la notoria falta de coordinación entre las áreas del gobierno mexiquense.

El tema de la confrontación no es nuevo; de hecho, la situación se hizo pública con aquella filtración de un video que acusaba algún tipo de contubernio en la entrega de contratos entre el secretario de Seguridad de la entidad, Andrés Andrade Téllez y la secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García, que derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) en febrero pasado y que, en teoría; sigue abierta y en investigación.

Como siempre en estos casos, los rumores no se dejaron esperar y en los círculos políticos y de gobierno se mencionó que la investigación de la policía cibernética apuntaba a que el video en cuestión había salido de una dirección IP vinculada a Palacio de Gobierno. Verdad o “política ficción”, esto generó la percepción de división en el gabinete estatal y de un enfrentamiento interno entre grupos debido a que los dos secretarios exhibidos son percibidos como ajenos al grupo de la gobernadora.

Al interior de Palacio de Gobierno los susurros y cotilleos señalaban al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, como el personaje detrás de la filtración argumentando que al funcionario no le estaba gustando el rápido crecimiento en la visibilidad del titular de Seguridad pero tampoco que se estaba construyendo una percepción de eficiencia debido a que las estadísticas mostraban una baja en la incidencia de distintos delitos en la entidad; algo que más adelante podría ser un problema para sus aspiraciones políticas.

Recientemente el tema volvió a ser asunto de agenda luego de que en varios espacios de opinión en los medios apareció la uniformidad de un rumor sobre la presunta salida del secretario de Seguridad bajo el supuesto de que no se están dando los resultados esperados en materia de seguridad pública aunque, un par de días antes a estos comentarios, se anunciara que había ocurrido lo impensado: un día completo sin que se registraran homicidios dolosos en la entidad, algo que sin duda se debe considerar un logro en materia de combate a la delincuencia en esta administración.

Otra vez las especulaciones inundaron el ambiente político y apuntan a que este nuevo ataque contra Andrade Téllez está relacionado con un regaño marca diablo por parte de la gobernadora a los integrantes de la mesa de coordinación en materia de seguridad que se realiza cada día por la mañana; el motivo de esta severa llamada de atención es la divulgación de unas fotografías en redes sociales en las que se ve a líderes de la delincuencia organizada en el sur de la entidad paseándose en las ferias regionales en vehículos de lujo sin que las policías locales, la estatal o las fuerzas federales se hayan dado por enteradas.

En el regaño de la mandataria surgió el cuestionamiento de que ninguna dependencia responsable de la información estratégica estuviera enterada de lo que está ocurriendo en el sur y que, además, se cuestione si existe impunidad o protección para estos grupos debido a la tranquilidad con la que se pasean en esos autos de lujo sin que nadie les diga nada. Al ser la secretaría general de Gobierno la responsable estatal de tener y manejar la información estratégica que permita la gobernabilidad en la entidad, Horacio Duarte se habría sentido directamente aludido por el regaño del que responsabiliza a Andrés Andrade.

En medio de ese escenario es que arrancó un proceso electoral fuera de lo común, en muchos sentidos, y en el que ya se han presentado diversos actos de violencia contra algunos aspirantes en acciones que, al menos mediáticamente, habían sido consideradas como ajenas a los temas políticos de la entidad:

En octubre del año pasado el asesinato de Miguel Ángel Cruz Robles, quien se perfilaba a candidato a la presidencia municipal de Villa del Carbón por Morena, la investigación sigue abierta; en febrero de este año, el asesinato de Yair Martín Romero Segura, aspirante a candidato a diputado federal en Ecatepec, vinculado a un presunto intento de coacción por su actividad de comerciante; un mes después el chofer del candidato a diputado federal por Morena, José Luis Durán Reveles, fue herido de bala en lo que se manejó como un intento de robo de la camioneta del político; hace casi una semana el ya mencionado ataque a Arturo Lara Cruz en Amanalco y hace un par de días el asesinato de Luis Antonio Gutiérrez Herrera en Tlalnepantla.

Si la gobernadora no logra resolver las diferencias entre sus secretarios y estos actúan de manera coordinada para combatir los actos de violencia que se están presentando en los corrientes procesos electorales locales de la entidad, esta situación podría salirse de control y la delincuencia organizada podría tomar las riendas, no solo de las elecciones sino, también, de los gobiernos resultantes de ellas, lo que representaría un problema todavía mayor en materia tanto de seguridad como de gobernabilidad en la entidad y, ahí sí, las aspiraciones de ambos secretarios; sean cuales sean, se van directo a la basura.

La gobernadora Delfina Gómez tiene un problema muy grande en su administración: los crímenes políticos van a la alza pero las áreas responsables de anticiparlos y atenderlos no solo no están coordinadas sino que se encuentran confrontadas o, al menos, eso es lo que se comenta en las oficinas de Lerdo 300; un tema que no es nuevo ni desconocido en Palacio de Gobierno pero un absoluto tabú del que nadie quiere hablar mucho que digamos.

El sábado 27 fue asesinado el exdirector de Administración del Ayuntamiento de Tlalnepantla Luis Antonio Gutiérrez Herrera, por la tarde su esposa acusaba ante los medios al alcalde, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, popularmente conocido como “El Tony”, quien está en campaña para la reelección, lo que vuelve el crimen un tema de violencia electoral.

Unos días antes, el martes 23, Arturo Lara de la Cruz, quien estaba postulado a la candidatura por Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Amanalco de Becerra, fue atacado por la madrugada en su domicilio por un grupo armado que, además, dejó un mensaje amenazándolo a él y su familia en caso de continuar con el proceso para convertirse en candidato oficialmente.

En solo una semana, dos agresiones vinculadas al proceso electoral en curso han enmarcado el arranque de las campañas, lo que ha detonado que, al menos hasta el sábado, ya haya 14 solicitudes de protección a candidatos ante el IEEM, un número que seguramente crecerá en los próximos días en función de cómo se están dando las situaciones en los distintos municipios del Edoméx y ante la notoria falta de coordinación entre las áreas del gobierno mexiquense.

El tema de la confrontación no es nuevo; de hecho, la situación se hizo pública con aquella filtración de un video que acusaba algún tipo de contubernio en la entrega de contratos entre el secretario de Seguridad de la entidad, Andrés Andrade Téllez y la secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García, que derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) en febrero pasado y que, en teoría; sigue abierta y en investigación.

Como siempre en estos casos, los rumores no se dejaron esperar y en los círculos políticos y de gobierno se mencionó que la investigación de la policía cibernética apuntaba a que el video en cuestión había salido de una dirección IP vinculada a Palacio de Gobierno. Verdad o “política ficción”, esto generó la percepción de división en el gabinete estatal y de un enfrentamiento interno entre grupos debido a que los dos secretarios exhibidos son percibidos como ajenos al grupo de la gobernadora.

Al interior de Palacio de Gobierno los susurros y cotilleos señalaban al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, como el personaje detrás de la filtración argumentando que al funcionario no le estaba gustando el rápido crecimiento en la visibilidad del titular de Seguridad pero tampoco que se estaba construyendo una percepción de eficiencia debido a que las estadísticas mostraban una baja en la incidencia de distintos delitos en la entidad; algo que más adelante podría ser un problema para sus aspiraciones políticas.

Recientemente el tema volvió a ser asunto de agenda luego de que en varios espacios de opinión en los medios apareció la uniformidad de un rumor sobre la presunta salida del secretario de Seguridad bajo el supuesto de que no se están dando los resultados esperados en materia de seguridad pública aunque, un par de días antes a estos comentarios, se anunciara que había ocurrido lo impensado: un día completo sin que se registraran homicidios dolosos en la entidad, algo que sin duda se debe considerar un logro en materia de combate a la delincuencia en esta administración.

Otra vez las especulaciones inundaron el ambiente político y apuntan a que este nuevo ataque contra Andrade Téllez está relacionado con un regaño marca diablo por parte de la gobernadora a los integrantes de la mesa de coordinación en materia de seguridad que se realiza cada día por la mañana; el motivo de esta severa llamada de atención es la divulgación de unas fotografías en redes sociales en las que se ve a líderes de la delincuencia organizada en el sur de la entidad paseándose en las ferias regionales en vehículos de lujo sin que las policías locales, la estatal o las fuerzas federales se hayan dado por enteradas.

En el regaño de la mandataria surgió el cuestionamiento de que ninguna dependencia responsable de la información estratégica estuviera enterada de lo que está ocurriendo en el sur y que, además, se cuestione si existe impunidad o protección para estos grupos debido a la tranquilidad con la que se pasean en esos autos de lujo sin que nadie les diga nada. Al ser la secretaría general de Gobierno la responsable estatal de tener y manejar la información estratégica que permita la gobernabilidad en la entidad, Horacio Duarte se habría sentido directamente aludido por el regaño del que responsabiliza a Andrés Andrade.

En medio de ese escenario es que arrancó un proceso electoral fuera de lo común, en muchos sentidos, y en el que ya se han presentado diversos actos de violencia contra algunos aspirantes en acciones que, al menos mediáticamente, habían sido consideradas como ajenas a los temas políticos de la entidad:

En octubre del año pasado el asesinato de Miguel Ángel Cruz Robles, quien se perfilaba a candidato a la presidencia municipal de Villa del Carbón por Morena, la investigación sigue abierta; en febrero de este año, el asesinato de Yair Martín Romero Segura, aspirante a candidato a diputado federal en Ecatepec, vinculado a un presunto intento de coacción por su actividad de comerciante; un mes después el chofer del candidato a diputado federal por Morena, José Luis Durán Reveles, fue herido de bala en lo que se manejó como un intento de robo de la camioneta del político; hace casi una semana el ya mencionado ataque a Arturo Lara Cruz en Amanalco y hace un par de días el asesinato de Luis Antonio Gutiérrez Herrera en Tlalnepantla.

Si la gobernadora no logra resolver las diferencias entre sus secretarios y estos actúan de manera coordinada para combatir los actos de violencia que se están presentando en los corrientes procesos electorales locales de la entidad, esta situación podría salirse de control y la delincuencia organizada podría tomar las riendas, no solo de las elecciones sino, también, de los gobiernos resultantes de ellas, lo que representaría un problema todavía mayor en materia tanto de seguridad como de gobernabilidad en la entidad y, ahí sí, las aspiraciones de ambos secretarios; sean cuales sean, se van directo a la basura.