La violencia contra las mujeres en México es de tal magnitud que, por fin, los Centros de Justicia para las Mujeres serán reconocidos en la ley, como espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brinden atención gratuita a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos.
La realidad es inocultable: tan solo entre enero y octubre de este año, los feminicidios se incrementaron 4.9%, respecto del mismo periodo de 2020 y no es de extrañar, frente a un sinnúmero de recortes presupuestales, la negación de la violencia que hasta hace poco Morena y su gobierno sostuvieron, el confinamiento al que nos obligó la pandemia y la criminalización del movimiento feminista.
De aprobarse en sus términos en la Cámara de Diputados, esta reforma agregará un capítulo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, referente a estos Centros de Justicia, y establece la obligación de crear un programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Asimismo, propone incluir un mayor número de acciones, como el diseño de un modelo diferencial y especializado de atención a mujeres víctimas de violencia; la obligación de realizar estudios sobre los efectos negativos de la violencia contra las mujeres, proponiendo políticas para su eliminación, así como la promoción, difusión y evaluación de los proyectos de las entidades federativas, para la creación de los Centros de Justicia.
En lo que corresponde a las atribuciones de las autoridades, a la Federación le corresponderá la educación en derechos humanos de las mujeres, en formatos accesibles, de lectura fácil y de forma inclusiva, como por ejemplo, a través de lengua de señas mexicana.
La Secretaría de Gobernación diseñará y actualizará la gestión operativa de los Centros de Justicia, además de promover y coordinar con las entidades, la creación y fortalecimiento de los Centros y la operación del Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia contra las Mujeres, que anteriormente correspondía a la Secretaría de Seguridad Pública.
Es de subrayar el avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres con discapacidad, pues se precisa que deberán tener las condiciones necesarias para su atención, con procedimientos accesibles y adecuados para cada necesidad.
Un avance en la atención de las consecuencias de la violencia que millones de mexicanas viven cada día, pero no en las causas de este mal que se recrudece e intensifica cada día.
Un reconocimiento a la necesidad de atención y al fin, un reconocimiento a una institución y una serie de políticas públicas previas a este sexenio exterminador, más que transformador, pues cabe mencionar que en el Estado de México existen Centros de Justicia para Mujeres en Amecamca, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Toluca.
La mala noticia, es que el artículo tercero transitorio de esta reforma legal deja en claro que son las entidades federativas, las que deben efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, para dotarlas de presupuesto.
Como advertimos desde la oposición en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023: sin recurso, es discurso.
*Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera.
