Entramos a la fase más complicada del proceso electoral, estamos a dos semanas de que concluyan las campañas, la fecha límite es el 2 de Junio día de los cierres definitivos.
Para que una vez agotado ese momento y después de los días de reflexión previó al próximo domingo 6 de junio donde se decidirá a las próximas autoridades municipales, diputados locales y federales, una posibilidad de reconfigurar el poder en nuestra entidad y por supuesto en el país donde nos jugamos la vida democrática de la nación.
No es cuestión de discurso, los hechos saltan a la vista, estamos en serios peligros que atentan contra el Estado de Derecho, la vida democrática e institucional de México, muchos aún no alcanzan a darse cuenta de esta grave realidad que padecemos.
Ya no sólo me refiero a las múltiples causas de los problemas de inseguridad, caída de la economía, falta de crecimiento, desarrollo frenado, entre muchas otras.
No, está vez me refiero a la injerencia directa de dos entes que le están haciendo mucho daño al proceso electoral, a los candidatos, a las autoridades e instituciones encargadas de las elecciones.
Por un lado el presidente de la República que hace el uso de todo el aparato de poder para generar ataques que le beneficien. Sus candidatos de Morena que por sí solos no levantan, muy al contrario, mientras más pasa el tiempo vemos que vienen en caída libre de ahí el nerviosismo presidencial y la injerencia de este que abiertamente reconoce estar metido en el proceso electoral.
Por otro lado la delincuencia organizada que en diversas partes del país han incursionado afectando a los candidatos, en algunos casos al extremo pues han sido atacados, algunos de ellos han perdido la vida, en otros más existen abiertas amenazas para que no continúen en el proceso electoral y le den entrada a los candidatos apoyados por las células delincuenciales.
Mientras todo eso sucede, las grandes ausentes son las autoridades que deben imponer orden, perseguir el delito y brindar paz y seguridad, pero también se nota la ausencia de las otras autoridades, las judiciales que tienen que hacer valer la constitución y la ley, en pocos casos se imponen y defienden el estado de derecho, en otras, las más, están callados.
A nadie en el país le conviene que las instituciones sean destruidas, mucho daño se generará si los que deciden quién han de ser y quien no autoridad, son o el presidente de la república o la delincuencia organizada.
No debemos permitir este atentado a la vida democrática pues deben de ser sólo los ciudadanos quienes decidan quién gana las elecciones, nadie más, mucho menos el gobierno autoritario o la delincuencia que para efectos prácticos como están actuando representan lo mismo.
@JorgeInzunzaPAN
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