Asesinada en Toluca
Hace unos días asesinaron a una joven y entusiasta mujer que fue mi secretaria y colaboradora cercana durante los pasados 5 años. Inteligente e independiente, era una emprendedora que en los últimos meses había hecho de su pasión deportiva, su modo y medio de vida; precisamente al regresar a su domicilio, después de impartir sus clases en un gimnasio de Toluca, fue atacada por criminales que terminaron con su vida. Omito detalles innecesarios, pero refiero el caso para tratar de transmitir la sensación de impotencia, coraje y temor que infunde un hecho así entre quienes la conocimos; y no quiero ni pensar más los terribles momentos que deben seguir pasando sus familiares más cercanos, a quienes también por esta vía aprovecho para enviarles condolencia y deseo de pronta resignación.
Este caso se suma a los 262 homicidios dolosos ocurridos en el Estado de México en enero pasado, de acuerdo con cifras del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de datos aportados por el propio Gobierno del Estado de México. Terrible realidad, la nuestra es la segunda entidad federativa que más homicidios de este tipo reportó el mes pasado en el país.
Pero lo realmente temible es que los modelos de policía estatal y de policía municipal con los que las autoridades locales están enfrentando el desafío de la seguridad pública, son los mismos desde hace décadas, los mismos con los que inició el deterioro que, lejos de detenerse, parece empeorar cada día.
Habrá quien diga que la autonomía de la fiscalía, a la par de la creación de las secretarías de Seguridad Ciudadana y la de Justicia y Derechos Humanos, en la administración pública estatal, significó un cambio. Ciertamente fueron un reacomodo de atribuciones, funciones, tareas y recursos, pero no representaron cambio alguno en: 1. el modo de atender la demanda ciudadana, 2. en la prevención de los delitos, 3. en el mejoramiento de la atención a las víctimas al momento de recibir las denuncias, 4. en la adopción de métodos y tecnologías científicas para la investigación criminal, 5. en la profesionalización de los agentes del Ministerio Público para que recuperen su vocación original de ser defensores de las víctimas de delitos, 6. como tampoco ha acarreado un modo diferente de atender a quienes padecen un crimen, 7. ni transformado la vida en prisión o multiplicado las alternativas para aplicar sanciones diferentes al encarcelamiento, que sean socialmente más útiles y, mucho menos 8. han permitido una adecuada readaptación social de la población carcelaria, una vez liberada.
Para otros, la respuesta es la reciente creación de la Guardia Nacional en el ámbito federal pero, como se ha señalado antes en este espacio y, sobre todo como quedó claramente demostrado en la consulta ciudadana abierta en la Cámara de Senadores sobre el tema, la creación de ese cuerpo de seguridad resultará insuficiente para el cúmulo de delitos que se comenten en el país y, sobre todo, la GN no exime a ayuntamientos y gobernadores de la obligación jurídica y ética de garantizar la seguridad pública.
Del tamaño de esas ocho tareas enlistadas dos párrafos arriba, es la ventana de oportunidad que tienen las autoridades del Estado de México para resolver el terrible problema de la inseguridad creciente en nuestra entidad. Existe un método para hacerlo y se cuenta con las herramientas jurídicas y administrativas para echarlo a andar hasta conseguirlo. Trabajando con estrategia es posible recuperar la armonía y lograr la paz.
@HuicocheaAlanis
