Tres cosas esperan de sus flamantes presidentes municipales, los ciudadanos mexiquenses: que mejore la seguridad, que la policía municipal sea confiable y que disminuyan la violencia y los delitos. Para lograrlo, lo primero que deben hacer es conocer con precisión el nivel de insatisfacción en esos aspectos, con el que recibieron el gobierno municipal; es decir, requieren medir la percepción de inseguridad con la que se vive en su municipio, determinar la “cifra negra” de hechos delictivos que ocurren en cada sector o demarcación en la que dividen su territorio municipal y nadie denuncia, y ponderar la prevalencia e incidencia delictivas. Esto es posible aplicando una encuesta de victimización.
De hecho -atención, diputadas y legisladores- presentar un informe municipal de seguridad pública, elaborado con una rigurosa y precisa metodología, debería ser una obligación de los ayuntamientos, inscrita en la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, a efecto de que sea posible saber en qué nivel se encuentra ese delicado tema, y revisar con transparencia los avances, al menos una vez al año. Una encuesta municipal de victimización es un instrumento científico que sirve para conocer la incidencia y prevalencia delictivas, las características de los delitos, incluyendo los que no se denuncian (que son la mayoría que se padecen), el contexto de la victimización, y la evaluación social del desempeño policial.
Sin esta información, mejorar la seguridad pública municipal es imposible; y a decir verdad, prácticamente ningún ayuntamiento -salvo Nezahualcóyotl- ha realizado este tipo de mediciones, de modo que sus estrategias de seguridad se concibieron e instrumentaron sin propósito claro, objetivo preciso, ni metas mesurables, sin indicadores de desempeño ni de resultados, “dando palos de ciego”, pues. Y las consecuencias saltan a la vista.
Llama la atención que prácticamente todos los nuevos ayuntamientos iniciaron sus actividades el pasado fin de semana conmemorando “El Día del Policía”, con ceremonias, paso de lista y revista, entre otras expresiones simbólicas dignas de aplauso. Lo conveniente y lo recomendable ahora, es pasar a la Administración Pública Aplicada, comenzando, de inmediato, por elaborar una encuesta municipal de victimización, con la que tomen decisiones estratégicas, las acciones sean evaluables, las tácticas obedezcan a una lógica y, sobre todo, los resultados sean evidentes a la mirada crítica de la gente.
A pesar de lo mucho por hacer, si se concentraran en restablecer el Estado de Derecho y el imperio de la Ley, los ayuntamientos estarían cumpliendo su primera obligación jurídica, su principal compromiso ético, su función política básica y, sobre todo, su gran responsabilidad histórica.
@HuicocheaAlanis
