La crítica situación financiera del Ayuntamiento de Toluca ha derivado en problemas administrativos y conflictos sociales con efectos ambientales, que dan cariz de crisis política al cambio de gobierno de este fin de semana en el municipio. No se recuerda una situación tan vergonzosa en la otrora ciudad, orgullosamente bella. La Administración Pública Aplicada es la disciplina que permite entender lo que está ocurriendo, y es con ella que se puede resolver este embarazoso episodio. Vale la pena tener presentes algunos datos y sugerir una vía de solución que sea eficaz en lo inmediato y sostenible en los mediano y largo plazos.
El municipio tiene un presupuesto de 5.7 mil millones de pesos anuales, los cuales están comprometidos casi en su totalidad para el gasto corriente del ayuntamiento y sus trabajadores, y acumula una deuda histórica de 1.3 mil millones. La mayor parte de los recursos presupuestales provienen de las participaciones que recibe el gobierno federal y de las aportaciones que a su vez le entrega el gobierno del estado. Menos del 10 por ciento de esos recursos los genera el propio gobierno municipal. Como se puede advertir, en un escenario así, en el que no se han generado estrategias ni políticas públicas eficientes para sanear sus finanzas, el margen de maniobra de las autoridades actuales y futuras es mínimo. El ayuntamiento requiere liquidez con urgencia.
Nada más tiene tres opciones para resolver su problema: endeudarse más, cobrar el impuesto predial más eficientemente, y cobrar el derecho por el servicio de agua potable con mayor efectividad. Existe también la posibilidad de lograr que los gobiernos federal y estatal adelanten participaciones y aportaciones; sin embargo, ésta no es una solución sostenible en el mediano y largo plazos. Es indispensable hacer las tres cosas enlistadas a la vez. Pero no perder de vista que nada más las segunda y tercera opción, son genuinas soluciones.
Para ello nuevamente es importante tener presentes datos. Hace apenas unos años, en 2013, 226 mil cuentas pagaban el derecho por el servicio de agua, pero, sorprendentemente, ahora nada más 81 mil cuentas pagan el agua, lo que significa que el gobierno dejó de cobrar a 146 mil que ya pagaban. Simultáneamente, el costo promedio lo incrementó de 2 mil a 6 mil pesos en promedio por ese derecho. Es decir, el gobierno dejó de cobrar a miles de personas, y a las que sí pagan, les incrementó el costo. En lo tocante al predial, en casi una década no ha actualizado su padrón catastral, de modo que sigue cobrando, prácticamente, las mismas 369 mil cuentas que ya pagaban desde entonces, como si la ciudad no hubiera crecido, ni cambiado el uso de sus predios urbanos.
Lo anterior, sin considerar a los cientos de miles de predios y tomas de agua que en estos nueve años se han sumado a la mancha urbana y no están pagando o, para ser más justos, el gobierno municipal no les está cobrando. Si el ayuntamiento de Toluca nada más se dedicara a cobrar a las más 146 mil cuentas que ya pagaban en 2013, y dejaron de hacerlo, recuperaría más dinero que toda la deuda histórica que hoy lo agobia. Ésta es la cuarta línea de acción gubernamental que en estas líneas se sugiere llevar a cabo para mejorar las finanzas, superar la crisis, reactivar la economía local y mejorar todos los servicios, privilegiado el de la seguridad pública. El asunto es particularmente relevante porque, aunque con matices, todos los municipios del Estado de México enfrentan el mismo desafío.
Como puede observarse, la riqueza que los mexicanos necesitamos para superar todos nuestros males la tenemos al alcance de nuestras manos y dependen exclusivamente de nuestro esfuerzo colectivo e institucional. Con gobiernos municipales que tengan claridad de mira, y dispuestos a trabajar en absoluta transparencia, enfocados en resultados que sean demostrables con evidencias; en pocas palabras, con Administración Pública Aplicada en el ámbito municipal, el Estado de México puede ser, como debe ser, la locomotora de la vida y el desarrollo nacional.
