/ miércoles 3 de noviembre de 2021

Vida Pública | Fortalecer a México a partir de sus entidades



Personas diputadas locales y federales, en esta época de aprobación de medidas fiscales y presupuestales, suelen renovar sus votos para resolver de fondo los problemas estructurales del gasto público en nuestro país, favoreciendo a los ámbitos locales de gobierno. Lo cierto es que ese debate ha sido agotado y está claro lo que se debe hacer para fortalecer las finanzas de los estados y, con ello hacer más eficaz a la Federación.

El modelo de desarrollo de la nación mexicana durante la mayor parte del siglo pasado generó altas tasas de crecimiento, pero no procuró el equilibrio regional; se expandió el ámbito de participación del gobierno de la República, en menoscabo de los de los Estados, por medio de decenas de sucesivas reformas constitucionales. La situación ya es particularmente grave para los gobiernos estatales, pues la amplísima competencia federal derivada del Artículo 73 fracción VII, permite a la Federación gravar no solo sus materias sino toda fuente impositiva, incluyendo la facultad recaudatoria local, por vía de convenios.

Si bien, durante años, el gobierno federal inició la transferencia de recursos y responsabilidades a los gobiernos locales la verdad es que se trató de programas formalmente descentralizadores, especialmente en educación, salud y seguridad pública que, al no transferir la toma de decisiones a los gobiernos locales, se limitaron a operar una simple desconcentración. Fueron los casos de los diversos fondos del Ramo 33, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y de la incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con resultados lejos de los deseables.

La realidad es que ahora, ni el gobierno federal puede desarrollar cabalmente el cúmulo de facultades que aglutinó, ni los gobiernos locales cuentan con las atribuciones y recursos necesarios para resolver las problemáticas de sus comunidades. Los ámbitos de gobierno federal y estatal trabajan sin armonía ni equilibrio; situación que persistirá en la medida en que la Federación concentre competencias y recursos; es decir, en tanto no se precise en el texto constitucional la potestad tributaria de los Estados y que, consecuentemente, puedan, en ejercicio de su soberanía, planear, recaudar, controlar, evaluar y transparentar recursos fiscales propios.

Para ello, es indispensable reformar el artículo 116 constitucional, a efecto de que los Estados tengan la facultad de imponer, de manera privativa o concurrente, las contribuciones necesarias para cubrir su presupuesto y el de sus municipios, así como para que administren libremente su hacienda, la cual estaría conformada por las aportaciones federales y los ingresos autorizados por sus Legislaturas, a partir de cinco criterios que garanticen equidad y proporcionalidad: Población, Desarrollo económico, Marginación social, Eficacia recaudatoria y Evaluación de resultados.

Con esta reforma, además, se lograría que sean los congresos locales quienes determinen la distribución los fondos, no obstante tener un origen federal. La intención es que este ámbito de gobierno participe del rendimiento de todas las contribuciones federales; para ello deben consignarse en la Constitución, como ya se ha hecho en otras materias, principios y criterios que rijan de manera objetiva y solidaria el reparto fiscal.

Para precisar los mecanismos de compensación de los egresos federales y estatales, se propone la creación de un organismo nacional de coordinación hacendaria, encargado de fijar normas y procedimientos para el ejercicio de las responsabilidades del gasto público; que será independiente en sus decisiones y en su funcionamiento, además de profesionalizado en su desempeño; y que tenga a su cargo la definición y aplicación de los mecanismos de compensación para evitar efectos regresivos en la captación de ingresos por algunos estados, e impedir que otros tomen decisiones que acarrearían una competencia inconveniente.

La solución jurídica y legislativa está a la vista. La que no se avizora todavía es la solución política y quién la quiera encabezar.

@HuicocheaAlanis



Personas diputadas locales y federales, en esta época de aprobación de medidas fiscales y presupuestales, suelen renovar sus votos para resolver de fondo los problemas estructurales del gasto público en nuestro país, favoreciendo a los ámbitos locales de gobierno. Lo cierto es que ese debate ha sido agotado y está claro lo que se debe hacer para fortalecer las finanzas de los estados y, con ello hacer más eficaz a la Federación.

El modelo de desarrollo de la nación mexicana durante la mayor parte del siglo pasado generó altas tasas de crecimiento, pero no procuró el equilibrio regional; se expandió el ámbito de participación del gobierno de la República, en menoscabo de los de los Estados, por medio de decenas de sucesivas reformas constitucionales. La situación ya es particularmente grave para los gobiernos estatales, pues la amplísima competencia federal derivada del Artículo 73 fracción VII, permite a la Federación gravar no solo sus materias sino toda fuente impositiva, incluyendo la facultad recaudatoria local, por vía de convenios.

Si bien, durante años, el gobierno federal inició la transferencia de recursos y responsabilidades a los gobiernos locales la verdad es que se trató de programas formalmente descentralizadores, especialmente en educación, salud y seguridad pública que, al no transferir la toma de decisiones a los gobiernos locales, se limitaron a operar una simple desconcentración. Fueron los casos de los diversos fondos del Ramo 33, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y de la incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con resultados lejos de los deseables.

La realidad es que ahora, ni el gobierno federal puede desarrollar cabalmente el cúmulo de facultades que aglutinó, ni los gobiernos locales cuentan con las atribuciones y recursos necesarios para resolver las problemáticas de sus comunidades. Los ámbitos de gobierno federal y estatal trabajan sin armonía ni equilibrio; situación que persistirá en la medida en que la Federación concentre competencias y recursos; es decir, en tanto no se precise en el texto constitucional la potestad tributaria de los Estados y que, consecuentemente, puedan, en ejercicio de su soberanía, planear, recaudar, controlar, evaluar y transparentar recursos fiscales propios.

Para ello, es indispensable reformar el artículo 116 constitucional, a efecto de que los Estados tengan la facultad de imponer, de manera privativa o concurrente, las contribuciones necesarias para cubrir su presupuesto y el de sus municipios, así como para que administren libremente su hacienda, la cual estaría conformada por las aportaciones federales y los ingresos autorizados por sus Legislaturas, a partir de cinco criterios que garanticen equidad y proporcionalidad: Población, Desarrollo económico, Marginación social, Eficacia recaudatoria y Evaluación de resultados.

Con esta reforma, además, se lograría que sean los congresos locales quienes determinen la distribución los fondos, no obstante tener un origen federal. La intención es que este ámbito de gobierno participe del rendimiento de todas las contribuciones federales; para ello deben consignarse en la Constitución, como ya se ha hecho en otras materias, principios y criterios que rijan de manera objetiva y solidaria el reparto fiscal.

Para precisar los mecanismos de compensación de los egresos federales y estatales, se propone la creación de un organismo nacional de coordinación hacendaria, encargado de fijar normas y procedimientos para el ejercicio de las responsabilidades del gasto público; que será independiente en sus decisiones y en su funcionamiento, además de profesionalizado en su desempeño; y que tenga a su cargo la definición y aplicación de los mecanismos de compensación para evitar efectos regresivos en la captación de ingresos por algunos estados, e impedir que otros tomen decisiones que acarrearían una competencia inconveniente.

La solución jurídica y legislativa está a la vista. La que no se avizora todavía es la solución política y quién la quiera encabezar.

@HuicocheaAlanis