El Estado de Derecho es el principio por el que todas las personas, instituciones y entidades de una Nación, están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. Es el lazo que vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. El Estado de Derecho es pues, el elemento que, sobre la base de la equidad e igualdad de oportunidades, cohesiona a gobernados y gobernantes, y crea el espacio en el que los primeros pueden realizar su respectivo proyecto de vida y ser felices.
Hace unos días la organización no gubernamental, de carácter independiente, internacional, y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo, llamada The World Justice Project, presentó el “Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021” (https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico-2020-2021/) en su tercera edición, que constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país, a partir de un marco conceptual y metodológico que el WJP utiliza en más de 120 países, adaptado para reflejar la realidad nacional para medir la adhesión al Estado de Derecho en cada una de las 32 entidades federativas.
La abundante información del índice no tiene desperdicio pero, en estas líneas, sugiero centrar la atención en el principal reto para la administración pública: la seguridad, la justicia y la paz.
Nuestro país sigue enfrentando retos en investigación criminal. Por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de las entidades federativas fue el que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del ministerio público. De hecho, la cifra negra, que captura los delitos que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó 92.4% a nivel nacional.
Así pues, la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos de la administración pública en el país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y el incremento de la corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país.
La calificación de la Justicia penal, empeoró en 16 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas). Los indicadores con descensos más marcados fueron el que evalúa la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y el que evalúa el respeto al debido proceso de las personas acusadas de algún delito (que incluye la presunción de inocencia, la igualdad y la ausencia de discriminación, el trato digno, la defensa adecuada, y el acceso a un juicio público ante una jueza o un juez competente e imparcial), lo cual debería entenderse como un llamado de atención a las oficinas de seguridad, las fiscalías y los tribunales de justicia.
En cuanto a nuestra entidad, vale la pena reportar que en el índice general del Estado de Derecho ocupa el preocupante lugar 27; el alarmante sitio 31 en la evaluación del orden y seguridad; y 28 en justicia penal. La mejor noticia es que supera a la media nacional, ocupando el lugar 16 en justicia civil, lo que sin duda responde a las acciones del gobierno actual en la materia, como las caravanas de justicia itinerante lideradas por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Entre las lecciones de la lectura del Índice del WJP, nos permite aseverar con optimismo, que la acción gubernamental y políticas públicas focalizadas en los indicadores más rezagados, como las que ha iniciado la Secretaría de Seguridad, en las que el IAPEM colabora en su función de asesoría y acompañamiento, seguramente traerán un mejor rendimiento en favor de los mexiquenses en el corto plazo.
@HuicocheaAlanis
