La seguridad de los mexicanos se construirá desde lo local, o no será. No hay otra ruta para recuperar plenamente la seguridad, la justicia y la paz, que la de fortalecer a las policías municipales, y hacer valer el Estado de Derecho en nuestras calles, colonias y pueblos, ejerciendo en ellas la justicia. Reformar a las policías municipales y establecer la justicia cívica en los municipios, son los dos pasos que debemos dar lo más pronto posible y, para el caso del Estado de México, la renovación de los ayuntamientos es una gran oportunidad para dar, a ambas tareas, un impulso decidido. “Pilar fundamental de la seguridad, es la prevención, y de ésta la justicia cívica”, señaló con acierto el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
Lejos de pensar que no hay más que esperar al 1 de enero que se renueven los ayuntamientos, lo dicho en el párrafo anterior es un llamado a la acción que, para el caso de nuestra entidad, ha asumido con toda responsabilidad la Secretaría de Seguridad, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quienes, confiando en la experiencia y, sobre todo, en la amplia red de integrantes de la comunidad del Instituto de Administración Pública del Estado de México, han iniciado, de manera simultánea en los 125 municipios de la entidad, el proceso de implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, aprovechando la experiencia y el generoso respaldo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; en especial, del Consejo Metropolitano de Justicia Cívica, en la persona de Mayra Hernández quien, a partir de esta semana y durante prácticamente seis meses, respaldada por el equipo técnico del IAPEM, estará desarrollando la titánica tarea que al final nos permitirá a los mexiquenses contar con la radiografía, hasta hoy inexistente, de la capacidad institucional -en el más amplio sentido de la expresión- con la que contamos para garantizar la seguridad, abatir el crimen y procurar justicia entre nosotros. En la misma medida, será posible entregar a cada ayuntamiento entrante, la mayor parte de la información indispensable para que puedan preparar y ejecutar, por primera vez, una genuina política criminal; es decir, una política pública concreta, evaluable y transparente, para conocer en cada momento el Estado de Derecho en cada municipio de ésta, la entidad más importante del país.
Lo anterior se complementa con un programa de formación académica de muy próxima aparición, preparado por las mismas instancias, dirigido a las autoridades electas, antes de que asuman funciones y, por tanto, excesivas ocupaciones, específicamente a las personas presidentas municipales, en el que adquirirán habilidades directivas, jurídicas, administrativas y ejecutivas, para que con eficacia puedan fortalecer a las policías municipales, y articularlas efectivamente con la policía estatal y con todas las corporaciones del Estado mexicano para atender adecuadamente la prevención del delito, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza ciudadana en el territorio municipal que habrán de gobernar. Con ambas acciones, se busca que los alcaldes sepan que sí es posible recuperar la seguridad plena, y que pergeñen un programa de trabajo para hacerlo en sus municipios en un plazo razonablemente corto, que encuentren en sus administraciones personas especializadas en el mismo enfoque de trabajo, y que adopten e institucionalicen las mejores prácticas, para lograr los resultados añorados. Lo que la gente les exige, porque lo merece.
Un nuevo mandato, debe traer nuevos beneficios, y a nuevo ayuntamiento debe corresponder seguridad renovada, para vivir con justicia y gozar la paz.
@HuicocheaAlanis
