/ miércoles 27 de mayo de 2020

Vida Pública | Seguro de desempleo en Edomex

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito federal y en prácticamente todos los estados de la República, el Estado de México está preparado uno de los peores efectos de la crisis económica, pues desde 2011 cuenta con una Ley de Seguro de Desempleo.

Mientras en otras entidades, incluso países, se están implementando programas emergentes y destinando recursos para atender de modo urgente la acelerada pérdida de empleos por parte de los trabajadores, sin perder de vista el sentido de urgencia, aquí, en la entidad más poblada del país, está previsto “no sólo procurar un ingreso mínimo y temporal para aquellas y aquellos trabajadores que por razones ajenas a ellos mismos les hubiera puesto en condiciones de desempleo, también propone estímulos específicos para proteger el empleo en aquellas empresas que acepten realizar esfuerzos concretos, ofreciendo trabajo a personas que se acojan a un régimen especial”, que la misma Ley prevé. Lo anterior sin detrimento de los numerosos apoyos y acciones que el Gobierno del Estado ya ha implementado para respaldar a los empleadores y apoyar a los empleados.

Una, de alrededor de setenta iniciativas de ley presentadas en la llamada “Agenda Legislativa del Bicentenario”, que en 2010 el Gobernador en turno envió a la Cámara de Diputados y promulgada en las primeras semanas de 2011, fue esta visionaria Ley de Seguro de Desempleo para el Estado de México, misma que establece claramente que dicho seguro beneficiará a quienes pierdan su puesto de trabajo en caso de contingencia económica, es decir, cuando ocurra “una crisis económica que haya dado lugar, durante seis meses consecutivos, a la caída en el número de empleos en el Estado; o cuando la economía atraviese por una fase recesiva constatable con la caída del Producto Interno Bruto Estatal, constatable por la tasa de desocupación total mensual que publica el INEGI, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, del Sistema de Cuentas Nacionales que publica el INEGI; o los indicadores del Sistema Estatal de Información Económica, en los términos de la Ley de Fomento Económico”.

Para esos supuestos, desafortunadamente, ya está corriendo el plazo previsto y, aunque evidentemente, tal escenario no es deseable, en caso de ocurrir, las autoridades deberán cumplir este mandato.

Naturalmente, a los ojos de los empresarios, líderes sindicales y, sobre todo, familias mexiquenses que ya recienten los efectos económicos negativos de la pandemia, esperar es una eternidad, pero al menos es bueno saber de la existencia de este moderno mecanismo compensador.

Por supuesto que desde la perspectiva de la administración pública no termina ahí, al contrario, el desafío apenas comienza pues la ley también es explícita al responsabilizar de su cumplimiento al Gobernador del Estado y, como si no fuera suficiente, precisa que son corresponsables los titulares de las secretarías del Trabajo, Desarrollo Económico y de Finanzas.

Impecable en su redacción y técnica jurídica, en una treintena de artículos, la ley precisa claramente su glosario de términos, define con precisión quiénes serán los beneficiarios, los mecanismos que integran el seguro de desempleo y sus reglas de operación; prevé un conjunto de estímulos para fomentar y proteger el empleo; crea un Consejo Consultivo para la protección del empleo que integra representantes de los organismos empresariales, de los trabajadores y las dependencias del Ejecutivo, en un ingenioso formato de gobernanza que sería muy bueno poner en operación desde ahora, sin esperar la calamitosa llegada de los peores efectos de la crisis.

No menor, será el desafío de fondear este seguro, es decir, de contar con la masa de dinero para echarlo a andar, lo cual nueva, e inevitablemente nos lleva a la misma conclusión, cuando se trata de analizar cómo enfrentar la crisis y reactivar la economía: es indispensable generar riqueza, que las autoridades recauden más, gasten mejor y transparenten completamente su funcionamiento, que los ciudadanos seamos más exigentes y, sobre todo, más cumplidos.

@HuicocheaAlanis

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito federal y en prácticamente todos los estados de la República, el Estado de México está preparado uno de los peores efectos de la crisis económica, pues desde 2011 cuenta con una Ley de Seguro de Desempleo.

Mientras en otras entidades, incluso países, se están implementando programas emergentes y destinando recursos para atender de modo urgente la acelerada pérdida de empleos por parte de los trabajadores, sin perder de vista el sentido de urgencia, aquí, en la entidad más poblada del país, está previsto “no sólo procurar un ingreso mínimo y temporal para aquellas y aquellos trabajadores que por razones ajenas a ellos mismos les hubiera puesto en condiciones de desempleo, también propone estímulos específicos para proteger el empleo en aquellas empresas que acepten realizar esfuerzos concretos, ofreciendo trabajo a personas que se acojan a un régimen especial”, que la misma Ley prevé. Lo anterior sin detrimento de los numerosos apoyos y acciones que el Gobierno del Estado ya ha implementado para respaldar a los empleadores y apoyar a los empleados.

Una, de alrededor de setenta iniciativas de ley presentadas en la llamada “Agenda Legislativa del Bicentenario”, que en 2010 el Gobernador en turno envió a la Cámara de Diputados y promulgada en las primeras semanas de 2011, fue esta visionaria Ley de Seguro de Desempleo para el Estado de México, misma que establece claramente que dicho seguro beneficiará a quienes pierdan su puesto de trabajo en caso de contingencia económica, es decir, cuando ocurra “una crisis económica que haya dado lugar, durante seis meses consecutivos, a la caída en el número de empleos en el Estado; o cuando la economía atraviese por una fase recesiva constatable con la caída del Producto Interno Bruto Estatal, constatable por la tasa de desocupación total mensual que publica el INEGI, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, del Sistema de Cuentas Nacionales que publica el INEGI; o los indicadores del Sistema Estatal de Información Económica, en los términos de la Ley de Fomento Económico”.

Para esos supuestos, desafortunadamente, ya está corriendo el plazo previsto y, aunque evidentemente, tal escenario no es deseable, en caso de ocurrir, las autoridades deberán cumplir este mandato.

Naturalmente, a los ojos de los empresarios, líderes sindicales y, sobre todo, familias mexiquenses que ya recienten los efectos económicos negativos de la pandemia, esperar es una eternidad, pero al menos es bueno saber de la existencia de este moderno mecanismo compensador.

Por supuesto que desde la perspectiva de la administración pública no termina ahí, al contrario, el desafío apenas comienza pues la ley también es explícita al responsabilizar de su cumplimiento al Gobernador del Estado y, como si no fuera suficiente, precisa que son corresponsables los titulares de las secretarías del Trabajo, Desarrollo Económico y de Finanzas.

Impecable en su redacción y técnica jurídica, en una treintena de artículos, la ley precisa claramente su glosario de términos, define con precisión quiénes serán los beneficiarios, los mecanismos que integran el seguro de desempleo y sus reglas de operación; prevé un conjunto de estímulos para fomentar y proteger el empleo; crea un Consejo Consultivo para la protección del empleo que integra representantes de los organismos empresariales, de los trabajadores y las dependencias del Ejecutivo, en un ingenioso formato de gobernanza que sería muy bueno poner en operación desde ahora, sin esperar la calamitosa llegada de los peores efectos de la crisis.

No menor, será el desafío de fondear este seguro, es decir, de contar con la masa de dinero para echarlo a andar, lo cual nueva, e inevitablemente nos lleva a la misma conclusión, cuando se trata de analizar cómo enfrentar la crisis y reactivar la economía: es indispensable generar riqueza, que las autoridades recauden más, gasten mejor y transparenten completamente su funcionamiento, que los ciudadanos seamos más exigentes y, sobre todo, más cumplidos.

@HuicocheaAlanis

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