En el Estado de México sí existen presos políticos, los casos más claros son los ejidatarios de San Pedro Tlanixco, y los de Salazar, de tal manera que la Organización de Naciones Unidas (ONU) así lo reconoció, además de los errores en sus procesos políticos, aseguró Mónica Hurtado, de la Asociación Pro Derechos Humanos del Estado de México.
Recordó que hace apenas unos meses los ejidatarios de San Pedro Tlanixco en el municipio de Tenango del Valle, al igual que los de Salazar del municipio de Ocoyoacac hace unas semanas salieron libres y “como debió ser desde el principio, sin cargos y sólo con una disculpa después de tanto tiempo privados de su libertad”.
Respecto a José Humbertus Pérez Espinoza, del Frente Pro Vivienda Digna, es un caso que está reconocido también como de preso político, por la participación social que originó su detención y los cargos que a él se le imputan.
Dio a conocer el caso de Roberto Márquez Álvarez, acusado de intento de homicidio y de secuestro del alcalde de Almoloya de Juárez, el morenista Luis Maya Doro, pues los familiares y vecinos indicaron que se trata de un conflicto de índole política derivado de la elección de delegados cuando el hoy evitó que el presidente municipal impusiera una planilla con integrantes que no responden a los usos y costumbres de la comunidad.
MónicaHurtado señaló que la reacción de apoyo a Roberto Márquez Álvarez por parte de la comunidad, impidió que Maya Doro tomara protesta a quienes le son afines, pero la respuesta de la autoridad municipal fue la fabricación delitos en contra de Márques Álvarez y órdenes de aprehensión contra dos vecinos más de San Miguel Almoloyan.
Recordó que el concepto de preso político parte de la ONU y se refiere a las personas que están presas por sus opiniones o por su actuar político, aunque si bien tienen imputados una serie de cargos, éstos se derivan precisamente de la participación política que tienen y el trabajo social que han hecho.
Confió en que uno de los objetivos de la Cuarta Transformación sea la realizar modificaciones al marco jurídico para que quede claro el concepto de preso político y su tipificación para ser considerado delito; para que no suceda lo que con el feminicidio, en donde existen tantas ambigüedades que da lugar a una serie de interpretaciones que no permiten a los familiares de las víctimas alcanzar la justicia que esperan.
La activista dijo que es ahora cuando el Estado debe garantizar la ampliación y pleno reconocimiento de los derechos humanos, civiles y políticos de los mexicanos, además de garantizar que el marco jurídico garantice la plena impartición de justicia con celeridad, imparcialidad y objetividad.
Consideró que aunque la definición de preso político no exista en nuestro marco jurídico, los hechos demuestran que las personas están presas porque su participación política o por su actuación social, lo cual afecta los intereses de quien en ese momento detenta la autoridad y la prueba es que después de seis, 10 o más años los dejan salir con un simple “discúlpeme, nos equivocamos”.
Finalmente, reconoció, hay intereses que propician esos casos, pero “el Estado de Derecho debe imperar, el Estado de Derecho quiere decir, la aplicación de la justicia sin condicionamientos”, concluyó.