/ jueves 8 de julio de 2021

Pide Consejo Coordinador Empresarial consejos y observatorios ciudadanos para planear y combatir la corrupción

También exámenes de confianza a servidores y mejorar el seguro de desempleo

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Estado de México propuso la creación de consejos consultivos ciudadanos, un esquema de vigilancia de servidores públicos con observatorios ciudadanos vinculados a las contralorías municipales y planes municipales de Desarrollo Económico, dentro de los trabajos por una nueva Constitución mexiquense.

También planteó exámenes de control de confianza a servidores públicos en áreas donde se pudieran registrar actos de corrupción, ajustar la figura del seguro de desempleo, el derecho a infraestructura digna en los lugares de trabajo, polígonos de desarrollo ordenado y la posibilidad de ampliar la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP) para sumar presupuestos en infraestructura de salud, vial, hidráulica y penitenciaria.

Durante los trabajos de la Comisión de Desarrollo Económico dentro del Secretariado para el análisis de la Reforma Constitucional, Laura González Hernández presidenta del Consejo Coordinador Empresarial expuso los planteamientos de ese órgano.

Propuso que el Ejecutivo y los municipios cuenten con Consejos Consultivos Ciudadanos en las áreas de Obras Públicas, Desarrollo Económico, Agua, Saneamiento, Desarrollo Urbano, Movilidad, Administración, Tesorería, Finanzas y Mejora Regulatoria con carácter vinculante.

Para los Poderes Legislativo y Judicial planteó la figura del observatorio ciudadano, como órgano de consulta obligada y darle carácter de obligatoriedad y vinculación a las contraloría sociales para que puedan generar reportes ciudadanos, denuncias y sugerencias por presuntas irregularidades, pero también el reconocimiento a servidores públicos, en un esquema de vigilancia del desempeño de las y los servidores, en relación con la prestación de los servicios.

También puso sobre la mesa establecer la obligación de un Plan Municipal de Desarrollo Económico o su equivalente, delineado junto con cámaras y asociaciones para promover la apertura rápida de empresas, el otorgamiento de licencias de funcionamiento y la agilización de trámites de Protección Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y una evaluación anual.

Otras propuestas fueron: implementar exámenes de control de confianza obligatorios, desde la contratación, que deriven en una certificación a servidores en áreas donde se pudieran registrar actos de corrupción como las de trámites y servicios, verificaciones e inspecciones y a quienes manejan recursos, y prever sanciones como la inhabilitación a quienes hayan participado en actos de corrupción.

También ingresar la figura de seguro de desempleo para las y los mexiquenses que pierdan su trabajo por cuestiones como desastres naturales, crisis económicas, pandemias, u otro fenómeno por el que se haya cerrado la fuente de trabajo y advirtió que la Ley del 2011 requiere ajustes.

Asimismo, planteó establecer como un derecho ciudadano contar con acceso a infraestructura digna en los lugares donde se generan las fuentes de empleo de carácter agropecuario, industrial o comercial y delimitar polígonos de desarrollo ordenados para contener la movilidad, lo cual traería ahorros en tiempos de traslado y menor impacto al medio ambiente.

En ese punto añadió la posibilidad de ampliar la figura de las Asociaciones Público Privadas para sumar presupuestos en la infraestructura de salud, vial, hidráulica y penitenciaria.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Estado de México propuso la creación de consejos consultivos ciudadanos, un esquema de vigilancia de servidores públicos con observatorios ciudadanos vinculados a las contralorías municipales y planes municipales de Desarrollo Económico, dentro de los trabajos por una nueva Constitución mexiquense.

También planteó exámenes de control de confianza a servidores públicos en áreas donde se pudieran registrar actos de corrupción, ajustar la figura del seguro de desempleo, el derecho a infraestructura digna en los lugares de trabajo, polígonos de desarrollo ordenado y la posibilidad de ampliar la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP) para sumar presupuestos en infraestructura de salud, vial, hidráulica y penitenciaria.

Durante los trabajos de la Comisión de Desarrollo Económico dentro del Secretariado para el análisis de la Reforma Constitucional, Laura González Hernández presidenta del Consejo Coordinador Empresarial expuso los planteamientos de ese órgano.

Propuso que el Ejecutivo y los municipios cuenten con Consejos Consultivos Ciudadanos en las áreas de Obras Públicas, Desarrollo Económico, Agua, Saneamiento, Desarrollo Urbano, Movilidad, Administración, Tesorería, Finanzas y Mejora Regulatoria con carácter vinculante.

Para los Poderes Legislativo y Judicial planteó la figura del observatorio ciudadano, como órgano de consulta obligada y darle carácter de obligatoriedad y vinculación a las contraloría sociales para que puedan generar reportes ciudadanos, denuncias y sugerencias por presuntas irregularidades, pero también el reconocimiento a servidores públicos, en un esquema de vigilancia del desempeño de las y los servidores, en relación con la prestación de los servicios.

También puso sobre la mesa establecer la obligación de un Plan Municipal de Desarrollo Económico o su equivalente, delineado junto con cámaras y asociaciones para promover la apertura rápida de empresas, el otorgamiento de licencias de funcionamiento y la agilización de trámites de Protección Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y una evaluación anual.

Otras propuestas fueron: implementar exámenes de control de confianza obligatorios, desde la contratación, que deriven en una certificación a servidores en áreas donde se pudieran registrar actos de corrupción como las de trámites y servicios, verificaciones e inspecciones y a quienes manejan recursos, y prever sanciones como la inhabilitación a quienes hayan participado en actos de corrupción.

También ingresar la figura de seguro de desempleo para las y los mexiquenses que pierdan su trabajo por cuestiones como desastres naturales, crisis económicas, pandemias, u otro fenómeno por el que se haya cerrado la fuente de trabajo y advirtió que la Ley del 2011 requiere ajustes.

Asimismo, planteó establecer como un derecho ciudadano contar con acceso a infraestructura digna en los lugares donde se generan las fuentes de empleo de carácter agropecuario, industrial o comercial y delimitar polígonos de desarrollo ordenados para contener la movilidad, lo cual traería ahorros en tiempos de traslado y menor impacto al medio ambiente.

En ese punto añadió la posibilidad de ampliar la figura de las Asociaciones Público Privadas para sumar presupuestos en la infraestructura de salud, vial, hidráulica y penitenciaria.

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