Agrupaciones empresariales pedían que se recorriera hasta el 1 de enero del año próximo, la vigencia de las nuevas disposiciones
La atención de actores políticos y medios está puesta en el tema de la revocación de mandato
Este miércoles entraron en vigor las reformas a la Ley de Subcontratación, la cual regula el funcionamiento de las empresas bajo el esquema de outsourcing. Habrá que ver, como lo advertían algunas agrupaciones, si estos cambios no perjudican a los trabajadores bajo esta modalidad, o provocan el cambio de empresas a la informalidad.
Las modificaciones, aprobadas por el Senado de la República en abril pasado, causaron inquietud en la iniciativa privada, de tal forma que algunas de sus agrupaciones más representativas solicitaban que su entrada en vigor se prorrogara hasta el próximo año.
Sin embargo, la Cámara Alta sólo concedió un mes más de lo inicialmente establecido para la vigencia de este ordenamiento, quedando así para el 1 de septiembre.
Actualmente, la atención de la opinión pública, los medios de comunicación, el gobierno federal y los legisladores, está puesta en la consulta sobre la revocación del mandato presidencial, la cual se estima tendría lugar en marzo próximo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó en su momento que en México, por lo menos 3.1 millones de trabajadores están vinculados a esquemas de outsourcing, y 387 mil empresas.
La misma Coparmex era una de las agrupaciones que insistían en que el tiempo de implementación de la norma se extendiera hasta el primero de enero de 2022.
Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) también mencionó la necesidad de que se evitaran cuellos de botella al entrar en vigor las reformas, así como “desincentivos” que impulsaran la informalidad.
Añadió que los cambios en la citada legislación requieren de las empresas “reestructuras corporativas y organizacionales que comúnmente llevan varios meses para poder realizarse adecuadamente”.
Como se informó en su oportunidad a través de los diversos medios de comunicación, con 85 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó en julio pasado prorrogar hasta este 1 de septiembre la entrada en vigencia del nuevo sistema legal para la terciarización.
Las nuevas disposiciones contemplan, entre otras cosas, la reforma al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual, como detalla la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal en su página oficial, “se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa, y aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva”.
Ahora las empresas “deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a los trabajadores que realizan las actividades principales, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante”, entre otras cosas.
La dependencia añade que para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologaron los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo; y se endurecieron las sanciones en caso de incumplimiento.
Las modificaciones en materia de outsourcing ponen a prueba no sólo la capacidad de las empresas bajo esta modalidad, para cumplir con todos los requerimientos, sino de la Secretaría del Trabajo para agilizar trámites y se evite así que las unidades de negocios caigan en inobservancia y sean objeto de sanciones.
Así mismo, como lo advertía la Coparmex, que no se perjudique a los más de 3 millones de trabajadores laborando bajo el esquema de terciarización y se impida que empresas se vayan a la informalidad.
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