Esta semana se dieron a conocer los resultados del primer trimestre 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), misma que es elaborada por el INEGI, donde se refleja que el Estado de México cuenta con 425 mil 671 personas desocupadas, lo que representa un 5.2% de la población económicamente activa.
Por otra parte, la población ocupada en la entidad alcanzó los 7.7 millones de personas, de las cuales 375 473 personas (4.9% del total) trabajan en el sector primario o agropecuario, 1.9 millones (24.9%) en el secundario o industrial y 5.4 millones (69.8%) están en el terciario o de los servicios, mientras que la población ocupada en el sector informal alcanzó los 4.4 millones de personas.
Esta tendencia no es nueva, sino lamentablemente consistente, se deben establecer políticas públicas que incentiven a la formalidad con condiciones y garantías aptas para los trabajadores y empresarios.
Por otro lado, el alto desempleo es el reflejo negativo de la economía mexiquense durante los últimos periodos, principalmente en los sectores industria, comercio y servicios. Cabe señalar que el Estado de México es la segunda entidad (solo detrás de Tabasco) con la mayor tasa de desocupación a nivel nacional y por encima del promedio del país que asciende a 3.5%, aunque en valores absolutos es la demarcación con el mayor número de desempleos a nivel nacional, alcanzando el 21.5% del total del país, afectando principalmente a la industria manufacturera, industria extractiva y de la electricidad, servicios de restaurantes y de alojamiento, servicios de transportes, comunicaciones, almacenamiento, servicios profesionales, financieros y corporativos, servicios sociales y servicios diversos.
No perdamos de vista que la mayor afectación en empleos será en el segundo trimestre del año, y mientras no se establezcan medidas de contención claras y efectivas, los números seguirán al alza y las familias mexiquenses tendrán mayores daños.
Es urgente que se piense en una estrategia coordinada entre el ámbito económico y laboral con la autoridad en todos sus niveles y órdenes para el diseño de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para promover no solo la reactivación económica, sino la llegada y crecimiento de empresas a la entidad, así como frenar el desempleo con los efectos sociales que pudiera tener desde ahora y por un periodo incierto. Tal estrategia podría derivar en acciones y programas como: seguro de desempleo, plan de incentivos a la generación de empleos y eliminación de barreras a la inversión. Este es un llamado a priorizar el bienestar de la población y la competitividad de nuestro estado en un momento crítico donde la prioridad es salvar vidas sin duda, pero la realidad posterior a la pandemia podría tener un efecto de alcances mayúsculos en la la estabilidad social, laboral y económica.
