Nuevamente la impunidad, arbitrariedad y anarquía de los estudiantes de Tenería volvió a hacerse presente con el secuestro, tal cual, de 40 unidades que sustrajeron los “angelitos” de varias terminales. Cómo es posible que sigan presentándose situaciones así y la autoridad no sólo brille por su ausencia, sino que hasta se ponen a negociar con las criaturas para que devuelvan las unidades.
Es increíble que los dueños de las empresas camioneras estén a merced de estos vándalos, porque no puede llamárseles de otra forma, sin que alguien les ponga un hasta aquí. Y si bien el secuestro de la unidad es grave, lo es aún más que encima se lleven contra su voluntad al chofer de la misma, quien debe aguantar los caprichos de los jovenzuelos, algunos no tanto, quienes pareciera que toman a juego este tipo de acciones.
Es de cuestionarse qué clase de maestros educan a estos jóvenes, que con la mano en la cintura violan la ley sin recibir castigo alguno. Pareciera que las autoridades temieran ponerles un freno por evitar caer en enfrentamientos, pero, ¿eso es válido? ¿Dónde quedan los derechos de los demás? ¿Qué pasa con los dueños de las empresas? ¿Quién asume el costo de la destrucción que hacen de los autobuses? ¿Quién responde por el bienestar de los conductores?
Hace un par de semanas, los “angelitos” de la escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas Del Río, ubicada en San José Tenería en el municipio de Tenancingo, secuestraron 33 autobuses y la situación se puso al rojo vivo cuando los empresarios de las diferentes líneas camioneras, decidieron suspender corridas de la ciudad de Toluca hacia el sur de la entidad y los estados de Guerrero y Michoacán y viceversa. Habían llegado al límite.
Los camioneros tomaron dichas medidas ante la falta de garantías y como medida de prevención para conductores y usuarios.
Tuvo que intervenir la Secretaría General de Gobierno para servir de mediador entre los empresarios de la CANAPAT –Cámara Nacional de Autotransporte de pasaje y Turismo- y los “estudiantes” para que devolvieran las unidades, pero no debió el gobierno desde un inicio impedir que esto sucediera, cual delito que es.
En ese momento llegaron a un acuerdo de que la CANAPAT les proporcionaría las unidades de manera voluntaria, sin que hubiese violencia de por medio. Hoy las cosas volvieron a lo de antes. A la arbitrariedad de unos jóvenes que se robaron dichas unidades, ante la impavidez de las autoridades.
