Uno
En una decisión que causó sorpresa en los medios académicos del país, la Suprema Corte de la Nación rechazó la demanda de amparo de la Universidad Autónoma del Estado de México y ratificó la facultad de la Cámara de Diputados, dominada por diputados de Morena, de nombrar en forma unilateral al nuevo auditor interno de la UAEM.
Este fallo choca en apariencia con un mandato del artículo 3° de la Constitución, fracción séptima, que reconoce la autonomía de las universidades y les confiere el derecho de autogobernarse y nombrar a su personal académico y administrativo.
Dos
Las universidades públicas de los estados, surgidas en su mayor parte de la transformación de los antiguos institutos científicos y literarios, como el de Toluca, obtuvieron su autonomía a través de leyes estatales aplicables en sus respectivas entidades, pero en 1980, a partir de una reforma constitucional promovida por el presidente José López Portillo, quedaron protegidas por el artículo 3°, mandato de carácter federal con mayor jerarquía que cualquier disposición estatal.
El Congreso de la Unión, al aprobar esa reforma, concedió a las universidades la facultad de regular el ingreso y permanencia de sus trabajadores, tanto académicos como administrativos, de manera que en 2017, al aprobarse una reforma que transfería esta facultad, a propósito del contralor interno, a los legisladores, la Universidad Autónoma del Estado de México solicitó la protección de la Corte para sustraerse a esa disposición, detrás de la cual algunos observadores advertían la intención de minar la autonomía universitaria.
Los ministros, sin embargo, consideraron que la intervención del Congreso no dañaba el espíritu del Artículo 123 constitucional y decidieron, en consecuencia, negar el amparo a la universidad y reconocer el derecho de los diputados a escudriñar las finanzas universitarias.
Tres
Si la autonomía universitaria es socavada, el tiempo se encargará de mostrarlo. Si los nuevos controles están relacionados con fraudes e irregularidades como las que se cometieron, por lo que se sabe, en la Estafa Maestra, conviene tomar en cuenta la reciente declaración de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) en el sentido de que si existen responsables de los hechos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, que se castigue a personas, sin dañar a las instituciones.
Hoy que están saliendo a la luz detalles de estas fraudulentas acciones a propósito del encarcelamiento de la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles, la pesquisa judicial debe abarcar todas las líneas de investigación de que dispone la Fiscalía General de la República y dejar a salvo los intereses de las casas de estudio de nivel superior cuyo prestigio es indispensable para avalar la correcta
