Los embates contra la autonomía universitaria han sido públicos y notorios: no son “pecado de omisión”, sino una abierta intromisión en la búsqueda de concentrar el poder y, de paso, eliminar el pensamiento crítico y la calidad educativa que estorban cuando se busca la dependencia de programas sociales y no la independencia económica y de pensamiento de las nuevas generaciones.
Cierto, la educación pública en México debe volver a ser un factor de movilidad social y lograrlo exige instituciones de educación superior e investigación libres de los embates de intereses privados o gubernamentales, capaces de formar personas cualificadas, cultas y críticas para reflexionar sobre lo que más conviene al país y para competir a través del mérito y el esfuerzo, por un modo de vida digno.
Por eso resultan injustificables e incongruentes las intentonas de la autodenominada “Cuarta Transformación” por eliminar la autonomía universitaria. Primero fue la iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Diputados Federal, la cual no sólo eliminó el texto vigente de la fracción VII del artículo 3º constitucional, sino que lo sustituyó por otro que omitía la autonomía.
Al “error de dedo” se sumaron diputados locales de Morena que la semana pasada enfilaron sus baterías contra las universidades Autónoma del Estado de México y Autónoma de Baja California Sur, presentando iniciativas de ley con la pretensión de minar su autonomía y en contraposición a la Constitución.
Los argumentos son contradictorios. Estamos de acuerdo en la búsqueda de igualdad a través de la obligatoriedad de la educación superior, pero ¿cómo ocurrirá si no se asignan presupuestos suficientes y oportunos?
Seamos serios: la entrega de becas a la juventud mexicana en educación media superior y superior, puede y debe subsanar los obstáculos del entorno familiar y personal, pero no sustituye la obligación del Estado de invertir en la calidad y la capacidad de la oferta educativa pública, intención que estuvo ausente del Presupuesto de Egresos 2019 que proponía recortar la asignación a las universidades y finalmente les entregará el mismo monto del año anterior.
Otra de las justificaciones de la 4T para intervenir en la responsabilidad de las universidades autónomas de gobernarse a sí mismas y de administrar su patrimonio, es la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, ambos mandatos irrenunciables a los que ya están sujetas las universidades y cualquier institución a la que lleguen recursos públicos.
Entonces resulta ilógico que, según la investigación del portal periodístico Animal Político, las 100 nuevas Universidades para el Bienestar “Benito Juárez” a las que el gobierno y su mayoría legislativa asignaron mil millones de pesos, no serían administradas por la SEP, sino por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, un organismo internacional que “no está regido por las obligaciones presupuestales, ni rendición de cuentas de la administración pública federal”.
Defendamos la autonomía universitaria porque es un valioso contrapeso del poder político a través del respeto a la libertad de cátedra e investigación, así como el libre examen y discusión de las ideas y recordemos la máxima de Rousseau: “Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se pierde”.
*Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada Federal del Estado de México.
