Privilegios a exgobernadores
En casi todas las áreas del sector público y en cualquier nivel de gobierno, la constante ha sido el uso discrecional e irresponsable de los recursos encomendados, para beneficio propio y de incondicionales. A lo largo de los años han prevalecido los excesos, los gastos injustificados y la opacidad, como si el dinero de los mexicanos perteneciera a quienes son los responsables de ejercerlo.
En el colmo del abuso, está el caso de los políticos que pretenden seguir gozando de privilegios a costa del erario, después de haber ocupado un cargo importante, durante un periodo en el cual recibieron un trato de verdaderos monarcas. Ejemplo de esto se vio con los expresidentes de este saqueado país, cuando, según el estudio publicado en el libro “Los parásitos del poder” y hasta antes de los recientes cambios a la Ley, los mencionados señores disfrutaban de apoyos realmente ofensivos, incluyendo una cantidad cercana a los 250 mil pesos mensuales, seguros de gastos médicos mayores, vehículos de lujo renovables cada año, cuerpos de seguridad, más numerosos empleados, insumos de oficina y servicios complementarios.
Obviamente, las cosas no podían ser diferentes en la entidad mexiquense, pues, de acuerdo con la información publicada en este diario, los exgobernadores disponen de beneficios especificados en dos decretos: uno de julio de 1945 y el otro de mayo de 1993. El primero se refiere a premios y recompensas por “servicios eminentes prestados al estado”, y el segundo a “reconocimiento a su desempeño” y para “la preservación de su integridad y seguridad”, el derecho de contar con la ayuda de seis personas: un chofer, una secretaria, tres ayudantes y un jefe de estos.
Sin embargo, como en los nuevos tiempos la consigna es romper las inercias de excesos y despilfarros, el pasado mes de diciembre una diputada local presentó al pleno la propuesta de derogar estos decretos, con el argumento de que es insostenible mantener semejantes privilegios frente a una situación de emergencia. La iniciativa, dijo, tiene por objeto eliminar este tipo de tratamiento preferencial, incluso contrario a lo legal y sin ninguna utilidad a la población.
En efecto, nada puede avalar la decisión de seguir manteniendo un legado histórico absurdo, producto de las viejas prácticas. Por el contrario, es indispensable construir una realidad distinta, donde cada peso público gastado tenga una justificación en términos de bienes y servicios generados en favor de la sociedad, haciéndolo de la forma más eficaz y escrupulosa posible.
Los motivos sobran para exigir el mayor cuidado en el destino de nuestros impuestos, y la simulación no cabe frente a la mala conducción de la entidad, reflejada, entre tantas otras cosas, en el atraso y la pésima cobertura en educación y salud, el aumento de la inseguridad, la mezcla de intereses político–empresariales, el incremento de la deuda y los presuntos casos de corrupción e impunidad. Si ante la historia la rendición de cuentas no es favorable, al menos debió procurarse un retiro digno, sin aferrarse a lo ventajoso del cargo, con el riesgo de ser exhibidos en algún momento, como ahora se hace en una Legislatura obligada dentro de su competencia a erradicar los escenarios de abuso y ambición desmedida.
