Sin duda, nuestro país requiere de un cambio radical en las formas de ejercer el gobierno, pues la continuidad de los esquemas heredados sólo ha servido para fortalecer las costumbres de corrupción e impunidad, además de saturar de ineptitud los altos cargos. Como referente fundamental de la vida pública, todo esto se traduce en las diferentes manifestaciones del atraso y en los peligrosos desequilibrios sociales.
Una de las grandes repercusiones es precisamente la inseguridad, cuyos niveles de crecimiento en los últimos años han tenido consecuencias mortales en miles de personas, dañan severamente la economía e impiden el desarrollo normal de las comunidades. Muchas son las causas de la maligna enfermedad y sus efectos derivan hacia un problema cotidiano de muy alto impacto, del cual casi nadie puede hablar a la distancia. Los robos con o sin violencia, la extorsión, los secuestros y las ejecuciones, son signos palpables de una profunda descomposición, y muestra de la incapacidad del sistema oficial.
Por desgracia, la entidad mexiquense es de las que más ha resentido la terrible plaga, según lo corroboran estudios como la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Los hechos delictivos ocurren en todos lados y a cualquier hora, debido a ello se aleja la posibilidad de contar con ambientes de paz, respeto y armonía. La población se encuentra desprotegida y la inconformidad aumenta ante el enorme fracaso de las autoridades, al no enfrentar con mano firme y sin miedo a la criminalidad.
Tomando en cuenta la magnitud del desastre, lo deseable sería ver respuestas adecuadas, no con el incremento de burocracias inútiles, sino por la vía de combatir el fenómeno con los recursos humanos y materiales suficientes. Sin embargo, en la realidad las cosan no son así, y en lugar de aplicar los presupuestos con criterios de honestidad y eficiencia, se dilapidan de manera irresponsable, en beneficio de los grupos de poder.
Entre muchas otras evidencias, se encuentra lo declarado hace unos días por el alcalde de Toluca, cuando se refirió a los temas de sueldo y capacitación de los elementos adscritos a la dependencia supuestamente encargada de la seguridad ciudadana. Específicamente habló de los 11 mil pesos mensuales que tiene asignado cada uno de los mil 200 integrantes de la policía municipal, la mayoría de los cuales no cuenta con los estudios de preparatoria concluidos, y cuyo estatus de certificación requiere tomar solamente un curso de formación.
Frente a semejante escenario, seguramente igual o peor en otros sitios, es urgente el cambio de rumbo, empezando por privilegiar los derechos de quienes a diario exponen la vida, si realmente cumplen con esmero y probidad su deber. Desde luego, esto implica erradicar la hipocresía y falta de responsabilidad de los malos directivos, y crear agrupaciones de excelencia, de verdaderos profesionales en materia de prevención del delito, con liderazgos de calidad, dotándolos de condiciones laborales y de operatividad óptimas, con salarios y estímulos dignos, susceptibles de garantizar compromiso, eficacia y lealtad.
Una enfermedad tan arraigada y de enorme complejidad demanda del gobierno soluciones puntuales, a la altura de las circunstancias, partiendo del uso racional y honesto del erario. Los sangrientos resultados impiden seguir soportando las corruptelas y el derroche del patrimonio municipal, estatal y nacional, por parte de una casta mediocre e insensible, cada vez más ostentosa y cínica.
