En días pasados, el secretario general ejecutivo de la ANUIES pidió apoyar a las universidades públicas del país, sobre todo a las que actualmente tienen problemas financieros. En el mismo sentido se pronunció el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien incluso planteó la creación de un fondo de contingencia, con el fin de preservar las tareas de estas instituciones en épocas de crisis.
Como bien lo expresó el prestigiado académico, es momento de ayudar a las casas de estudio con dificultades económicas, sin importar las causas por las cuales algunas hayan llegado a situaciones de verdadera emergencia, incluso con el riesgo de subsistencia para el año próximo. Por desgracia, el tema educativo de nivel superior enfrenta en México un sinnúmero de dificultades, muchas de ellas derivadas de liderazgos nefastos, causantes de los procesos de degradación, cuando la simulación, el costoso protagonismo y el derroche en la promoción personal se anteponen al trabajo formal y honesto en una de las principales asignaturas pendientes, y la única que puede ayudarnos a mejorar las condiciones de vida de una sociedad cada vez más descompuesta en términos de injusticia, pobreza e inseguridad.
Obviamente, si en las universidades se comprueba la ocurrencia de hechos ilícitos, de haberse incumplido con el requisito de usar de manera escrupulosa y transparente los recursos encomendados, de ninguna forma se podría tolerar la infame costumbre del borrón y cuenta nueva. Porque si se trata de cuidar la eficiencia y pulcritud en el manejo del dinero del pueblo, es indispensable supervisar el desempeño y la puntual atención a las tareas esenciales de cualquier dependencia, evitando que al amparo de la dichosa autonomía se cometan abusos y delitos realmente graves.
En el caso específico de la llamada “estafa maestra”, los organismos involucrados tienen la obligación de dar a conocer la manera en la cual ha repercutido su participación, pues los recortes presupuestarios, las deudas con proveedores y la serie de amenazas a la función institucional se presentan luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó simulaciones, desvíos y asignaciones indebidas de muchos millones de pesos en ocho universidades públicas, entre ellas la Autónoma del Estado de México. Sin mayor trámite, eso ameritaría el puntual deslinde de responsabilidades, con las denuncias penales respectivas, de modo que los culpables respondan ante la justicia por sus malos manejos, y no dejarle a los centros de estudio asumir las consecuencias de actos tan reprobables.
Evidentemente, la magnitud del daño causado impide aceptar las maniobras de dilación, y menos las de encubrimiento, por parte de quienes están ahora en posibilidad de dar a conocer los mecanismos mediante los cuales se obtuvo provecho de lo denunciado por la ASF. Si esto no se hace, si se sigue ocultando la información de los presuntos hechos delictivos y de sus autores, se incurre en una falta de gravedad mayor, aparte de mandar el mensaje de pretender ocultar o alterar evidencias, de impedir la intervención de las autoridades y de buscar la impunidad de los supuestos infractores.
Si esas fueran las circunstancias, bien se podría parafrasear al señor Alejandro Martí y decirles: señores, si no hay decisión y valentía, si piensan que la vara les quedó muy alta y no pueden defender la institución, renuncien, pero no sigan devaluando el cargo ni recibiendo un sueldo a todas luces injustificado. Porque eso, aquí y en cualquier parte, también es corrupción.
