Hace unos días fue detenido en Málaga el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, por la Policía Nacional española. Acusado de una larga serie de delitos, el hoy preso se refugiaba como invitado en uno de los complejos más lujosos de Europa, donde, según la información publicada, continuaba dándose la gran vida.
Marcado por el derroche de recursos públicos y señalamientos de corrupción, ocupó el cargo en la paraestatal desde fines de 2012 a inicios de 2016, y fue uno de los distinguidos exponentes de la negra historia escrita durante el sexenio pasado. El actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ha revelado la creación de una sofisticada red de lavado de dinero, mediante la cual este personaje y sus cómplices movieron decenas de millones de dólares en distintos países, en el intento por encubrir el origen ilícito de su fortuna.
La gravedad de la situación la ha reconocido el Fiscal general de la República, al destacar la necesidad de ampliar la investigación en contra de otros involucrados en los hechos, y no dejar impunes a quienes dañaron la empresa petrolera y participaron en el desmesurado saqueo. El propio abogado del ex director se refiere a la posible implicación de otros funcionarios de la anterior administración, al afirmar que su cliente no se mandaba solo.
Naturalmente, la deshonestidad en el sector oficial no es un fenómeno reciente. Sin embargo, en los últimos años el número de casos aumentó de manera exagerada, acaparando las principales notas de la prensa nacional e internacional. Los millonarios desvíos de programas asistenciales, los costos de la obra pública al gusto de los socios, la opacidad y la forma discrecional de ejercer los presupuestos, fueron algunas muestras de la increíble voracidad de los autores de uno de los más infames y repulsivos delitos cometidos al amparo del poder, consistente en disponer ilegalmente del patrimonio de un pueblo empobrecido.
En mala hora se arraigaron en nuestra entidad y en el país prácticas deleznables como las de aquél famoso “profesor”, encauzadas a no tener políticos pobres y hacer de la acumulación de fortunas la motivación más importante para acceder a los puestos públicos. Aunque con efectos de magnitud diversa, esta fea costumbre ha tenido una fuerte vinculación con el rezago, la inseguridad, los marcados desequilibrios sociales y los bajos índices de desarrollo humano.
Por eso, ante la extensa serie de acciones nefastas, nada de borrón y cuenta nueva; nada de abrazos en lugar de órdenes de aprehensión, ni de otorgarle impunidad a esa clase adinerada y soberbia, cuyas vidas de opulencia jamás alcanzarían de haber trabajado honradamente. Merecen el castigo máximo y sin atenuante alguna. La justicia no debe ser selectiva y el estado de Derecho sólo tendrá reconocimiento pleno si la ley se aplica con pulcritud e imparcialidad, sin permitir intocables, y con el objetivo prioritario de devolver al erario todo lo robado.
El combate a la corrupción no necesita declaraciones simplistas, sino romper esquemas con medidas estrictas, independientes de intereses y pactos políticos. Se demanda una sanción ejemplar, acorde con los daños causados a la nación por la perversidad y el cinismo de tanto sinvergüenza.
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