En el contexto de la destrucción de instituciones se suma la desaparición de 109 fideicomisos, aprobada por los sumisos senadores de Morena y sus aliados la madrugada del pasado 21 de octubre, ante la consigna de que “era un encargo del presidente”. Con esto, según la información publicada, el ejecutivo federal se apodera de 68 mil 478 millones de pesos de recursos públicos y privados, destinados, entre otras cosas, a las víctimas de la violencia, al fondo de desastres naturales, a cultura y deporte, así como a ciencia y tecnología.
La justificación de semejante medida fue el gastado cuento de luchar contra la corrupción, acompañado de ofensas y descalificaciones a quienes se oponían a la extinción de esos apoyos y exigían, con sobrada razón, las evidencias de las supuestas irregularidades y de las respectivas acciones legales emprendidas. Sin embargo, de nada valieron las múltiples protestas y aunque primero se dijo que ese dinero se usaría para atender los estragos de la pandemia, después la versión cambió a entregarlo directamente a los beneficiarios; situación nada remota, pues así el gran protector recibiría el crédito correspondiente.
Sin duda, con esta decisión se ve muy afectado el trabajo en ciencia y tecnología realizado en el país, y seguramente así seguirá, debido al desprecio mostrado por esta administración hacia los modelos de la economía del conocimiento y sus valiosos aportes al progreso de cualquier nación, si los modos de producir, difundir y aplicar el saber se vinculan correctamente al ámbito productivo. Por el contrario, lo suyo es el pensamiento obsoleto y apostarle a lo rudimentario, a la explotación de los recursos naturales y la elaboración de materias primas; a invertir en proyectos absurdos, contaminantes y destructores del medio ambiente, y a fortalecer ambiciones políticas mediante prácticas electoreras entre el pueblo bueno y sabio.
Las comunidades científicas de México y del mundo están consternadas, al ver relegados de las prioridades básicas el quehacer académico y la investigación, y con ello, además de la muy posible emigración de cerebros, desaparecer muchas dependencias donde la aportación de mujeres y hombres preparados ha sido relevante, en colaboración con los sectores público y privado. Por desgracia no será posible revertir esta situación en el futuro inmediato, mientras dominen las mentalidades retrógradas y el buen gobierno se interprete como privilegiar lo irracional y las ocurrencias de volver al pasado, obstaculizar la inversión y la generación de empleos en proyectos sustentables, o ver en los pobres unas mascotas a quienes no se les debe capacitar sino regalar todo.
Aunque no es tiempo de desfallecer y mucho menos de rendirse, por ahora el golpe dado a la ciencia y a la formación del capital intelectual es otro error histórico, cuyas repercusiones pronto van a impactar en varios temas fundamentales. Por eso, las instituciones educativas y los centros de innovación están obligados a reinventarse, a construir una nueva realidad y mantener en alto el compromiso no sólo de impulsar al país a niveles superiores de progreso y bienestar social, sino de hacerlo competitivo en el cada vez más difícil entorno global. La demagogia y el populismo no pueden actuar con impunidad, en perjuicio de una población que se pretende tener mal instruida y dependiente de las limosnas ofrecidas en los perversos programas clientelares.
